Fractura latinoamericana ante el régimen de Nicaragua

Ocho países de la región respaldaron al flamante Alto Comisionado para
Derechos Humanos, Volker Türk, en la condena del actual gobierno de
Nicaragua, a los que se sumó por separado la Argentina. También España,
de acuerdo a la posición de la Unión Europea, y Suiza, país de acogida, en
la sede de la ONU en Ginebra. En cambio, Venezuela y Cuba, destacaron
en respaldar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
« Las elecciones municipales de noviembre estuvieron marcadas por la represión de
las voces disidentes y las restricciones de los derechos civiles y políticos »,
coincidieron Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú,
en una intervención conjunta. Deploraron « la incapacidad de Nicaragua para
reformar su organismo electoral y las continuas detenciones arbitrarias ». Sostuvieron
que tales elecciones « no fueron libres ni justas, al igual que las elecciones generales
de 2021».
El citado grupo mayoritario de países de la región añadió que «se siguen denunciando
condiciones de detención inhumanas. Nicaragua debe conceder acceso a
representación legal y atención médica a los presos, y debe poner en libertad a todas
las personas detenidas y condenadas arbitrariamente ». Además cuestionaron la
ausencia de Nicaragua a comparecer recientemente ante los los mecanismos de
control de Pactos y Convenciones de la ONU ratificados voluntariamente por Ortega
y Murillo, instrumentos que vigilan el cumplimiento de los derechos civiles,
políticos, de la mujer y contra la tortura.
La Argentina repudió a su vez la privación de la libertad de « familiares de activistas
políticos; impedir que niños y niñas mantengan contacto con sus padres y madres
encarcelados; la prohibición a nicaragüenses de retornar a su país y el hostigamiento
contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores
políticos … un reflejo de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta a
dicho país ».
El reclamo de los 9 países latinoaméricanos se extendió a que las autoridades de
Nicaragua autoricen la visita de funcionarios de la Oficina del nuevo Alto
Comisionado, Volker Türk, quien en su discurso acusó a Nicaragua de «intensificar el
clima de opresión». Solicitó la liberación de « opositores políticos », señalando
« tratos humillantes y degradantes a los familiares que visitan a los presos, como las
mujeres adultas mayores obligadas a desnudarse para ser registradas ».
Türk abundó que « mas 3000 ONGs nacionales e internacionales han sido canceladas,
casi la mitad solo desde septiembre de este año, dejando innumerables personas sin
acceso a sus servicios o asistencia », mientras « se ha amordazado a 26 medios de
comunicación nacionales y tres medios internacionales clausurados por el
Gobierno ». Repudió « una nueva ley aprobada en octubre », que « exige el registro
y la autorización del Gobierno para la producción, filmación y exhibición de
cualquier material audiovisual en el país ».
Al tiempo, el Alto Comisionado afirmó tener la prueba que « 12 ciudadanos
nicaragüenses no han podido regresar al país, presuntamente por una decisión del
Gobierno, sin ninguna información sobre la razón de tal negativa ». La persecución se
extiende a « miembros del clero », asimismo « percibidos como opositores
políticos », quienes son «arrestados, acosados, intimidados », y « algunos de ellos son
procesados penalmente por los delitos de conspiración para menoscabar la integridad
nacional »; o por « noticias falsas ».
Volker Türk paralelamente caratuló las elecciones municipales del mes pasado como
un « ejercicio autocrático », en medio de una ola « de arrestos y despidos de
opositores en los meses previos », donde « los partidos políticos cuya personalidad
jurídica fue cancelada en 2021 vieron excluida su participación ». Para peor, el día
del escrutinio, « estuvo plagado de actos de intimidación, con puestos de control
alrededor de los colegios electorales para rastrear a los votantes », prohibiéndoles
acceso a los centros de votación « a las personas percibidas como opositoras
políticas ».
Las mencionadas elecciones municipales fueron coincidentemente denunciadas por el
Alto Comisionado al fustigar el ataque por « policías antidisturbios a simpatizantes
del partido político indígena YATAMA », tras proclamar que había «ganado en el
municipio de Waspam, en el Costa Caribe Norte », siendo detenidos 19 de sus
simpatizantes « durante varios días ». Entre tanto, llegaron a 70 mil las « nuevas
solicitudes de asilo » de nicaragüenses a Costa Rica en 2022. Paralelamente otras
147.000 fueron registradas en « las fronteras con Estados Unidos ».
En nombre de Nicaragua, se pronunció la Procuradora General de Nicaragua por
« zoom », Wendy Carolina Morales Urbina, quien recusó el contenido adverso del
debate para con su país por « unilateral », parcial, « injerencista », comparándolo con
un « crimen de lesa humanidad », una posición que tuvo un hetergoneo apoyo de
Belarus, Bolivia, China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Siria y Sri Lanka.
En particular, se agregó el embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla
Román. Tildó de « politización y utilización ilegítima » de las criticas sobre
Nicaragua antes resumidas, una hipotética « manipulación » por su « situación
interna», para « dañar su imagen internacional y desplegar continuas acciones
hostiles » en su contra, pero sin desmentir concretamente los hechos, o las
alegaciones vertidas por la ONU, o los países vecinos no condescendientes
previamente detalladas.
Este diplomático resaltó en el « gobierno sandinista … significativos avances en la
preservación de la paz, el estado de derecho, la democracia, la soberanía, la unidad
nacional y los logros socioeconómicos alcanzados », obviando aportar al menos
indicios que solventaran sus afirmaciones. Exigió «enérgicamente al gobierno de los
Estados Unidos y sus aliados, la eliminación inmediata de las medidas coercitivas
unilaterales impuestas contra Nicaragua, que tienen una incidencia negativa directa
en la población y afecta el progreso económico y social de este país en desarrollo ».
De modo equivalente procedió el embajador de Venezuela en Ginebra, Héctor
Constant Rosales, al juzgar las consideraciones vertidas por los 9 países de la región,
críticos con Nicaragua, como un « nuevo mecanismo injerencista », que no respetaría
« su soberanía, el derecho a su libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos
internos». Coincidentemente Constant Rosales arremetió contra las « cruentas e
ilegales medidas coercitivas unilaterales » al igual denostadas por su colega cubano.
Sin embargo, es de justicia concluir que las medidas de esa naturaleza, tendientes a
perjudicar la vida cotidiana y el bienestar de las poblaciones de los países afectadas,
no son apoyadas por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, según
lo oportunamente establecido en la gestión precedente de Michelle Bachelet. Sí lo son
las que contribuyen al enriquecimiento personal y/o ilícito de los altos cargos de los
regímenes de partido único, o de sesgo autoritario y antidemocrático, como son los
casos de Cuba o Venezuela.

Desde Ginebra, Juan Gasparini