Cancillería ignoró tres denuncias de los mapuches contra Argentina en Naciones Unidas
El embajador Marcelo Cima (Del gobierno de Cristina Fernandez) ni se enteró. Las organizaciones de derechos humanos que se presentaron en Ginebra son financiadas por los descendientes de Antoine de Tounens, el supuesto rey de la Patagonia
Por Silvia Mercado
Este año hubo tres exposiciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunciando al Estado argentino por persecución y discriminación a los mapuches, de las que el Gobierno ni se enteró. Es que el embajador plenipotenciario ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Marcelo Cima, no envió ningún cable a la Cancillería dando cuenta de la situación. Tampoco informalmente se comunicó con ningún funcionario del Gobierno.
La más importante fue realizada el 20 de junio en la 35º sesión por María Desponds-Marinao, miembro de la organización no gubernamental Comisión Mapuche de Derechos Humanos. Desponds-Marinao leyó un documento denunciando que «en Chile y Argentina el pueblo mapuche está siendo estigmatizado por poderosos sectores de la sociedad con intereses comerciales en la nación mapuche, y con mucha influencia en partidos políticos y medios de comunicación». Agregó que «se criminaliza la legítima lucha por la restitución territorial al mezclarla con el terrorismo, a pesar de lo que dicen las organizaciones de derechos humanos y el relator especial Ben Emmerson, que en 2014 concluyó que la lucha mapuche nada tiene que ver con el terrorismo».
También hubo otras dos exposiciones, pero por escrito, ambas presentadas por Auspice Stella, otra ONG reconocida como entidad consultiva. En una nota que presentó el 31 de mayo en la 35º sesión denunciaron «el racismo institucionalizado en Argentina contra los mapuche», donde se deploró que «el Estado argentino no tome medidas para corregir esa versión antojadiza de la historia (de que se trata de un pueblo originario chileno) que promueve el odio y la discriminación racial».
También «la persecución política y el hostigamiento generalizado del aparato estatal, incluyendo la policía, el Poder Judicial, la élite política, la prensa, etc., en contra de dirigentes indígenas». Y entre las recomendaciones, pide «poner fin a los desalojos de comunidades mapuche de sus tierras ancestrales y parar la venta de su territorio a multinacionales y la explotación de sus recursos naturales».
La otra exposición escrita fue presentada el 13 de febrero, en la sesión 34º del Consejo de Derechos Humanos, donde Auspice Stella denuncia la «violación de los derechos humanos de los Mapuches en la Argentina», señalando la situación en distintos lof (comunidad), en Villa La Angostura, en Junín de los Andes y también en Esquel. Entre varios casos, menciona el «desmedido y violento allanamiento en el Pu Lof en Resistencia, Departamento Cushamen, autorizado por el juez federal Guido Otranto y por el juez provincial José Oscar Colabelli, que se efectuó sin orden judicial».
Especifica que en ese episodio fueron detenidos Ricardo Anihual, Ariel Mariotta Garzi y Nicolás Hernández Huala, «que fueron encarcelados en el penal de Esquel, donde denunciaron haber sido torturados». Entre los heridos graves en ese procedimiento, «se encuentra Emilio Jones Huala, con un impacto de bala en el maxilar izquierdo y Fausto Horacio Jones Huala, con traumatismo de cráneo con pérdida de audición en el oído izquierdo».
Agrega que «el 13 de enero pasado una delegación formada por organismos y personalidades ligadas a los derechos humanos visitaron a los detenidos para brindar su apoyo a la lucha del pueblo mapuche por la recuperación de su territorio. Todos los delegados y representantes de la sociedad civil constataron los hechos anteriormente denunciados y criticaron con dureza las flagrantes violaciones de los derechos humanos».
Si el embajador Cima hubiera alertado de la situación, tal vez el Gobierno argentino hubiera estado más preparado para enfrentar las protestas de los grupos mapuche más radicalizados, como es el caso de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo líder Facundo Jones Huala está detenido a la espera de que concluya el juicio por extradición que, obviamente, está paralizado. Es que la búsqueda de Santiago Maldonado está a cargo del mismo juez, Otranto.
A los funcionarios de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad no les llama la atención que el embajador Cima no se haya involucrado en la discusión de la problemática mapuche en Ginebra. Desde que renunció Martín Lousteau viene haciendo lobby para hacerse cargo de la embajada argentina en Washington, un próximo escalón al que creyó automático acceder cuando su amigo Jorge Faurie fue designado Canciller. Pero no lo logró.
Dicen que circularon por esos días unas fotos donde se lo veía muy eufórico arengando a los empresarios que acompañaron a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno a la misión comercial que hicieron a Angola, a donde asistió como director de Promoción de Exportaciones. Ya en la misión en Ginebra, «desde Buenos Aires le atribuyeron falta de visión y pasividad al no advertir que el caso Milagro Sala crecía en los organismos de Naciones Unidas», según una nota publicada por Clarín el 4 de julio.
Estas críticas son las que habrían llevado a Cima a sobreactuar con los funcionarios del Gobierno que están preocupados por la desaparición de Maldonado. En efecto, en la 13º sesión plenaria del Comité contra Desapariciones Forzadas (CED), envió al nuevo representante argentino, Horacio Ravenna, quien pidió la palabra para afirmar «el compromiso como país impulsor de la Convención (de Derechos Humanos), al tiempo que se reiteró el apoyo de nuestro país al trabajo del Comité». Es lo que dice el cable que, esta vez, Cima sí envió a Cancillería.
En el reporte oficial, agregó que «el experto Rainer Huhle hizo una intervención para felicitar a la Argentina por el compromiso constante con el tema de las desapariciones forzadas, al tiempo que resaltó que el Estado acepte el escrutinio del Comité en casos delicados y que se encuentre siempre dispuesto a colaborar y cooperar». El miembro del Comité Moncef Baati también se manifestó en similar tenor, «resaltando el ejemplo argentino con respecto al trabajo continuo y el compromiso con el Comité contra las Desapariciones Forzadas».
Finalmente, aseguró que «una vez finalizada la reunión, la experta María Clara Galvis Patiño se acercó informalmente a la delegada argentina para manifestar su conformidad con el trabajo de la Argentina, resaltando la importancia de la reunión del subsecretario Brian Schapira con los relatares del Comité el día anterior. Expresó que no todos los Estados parte colaboran y cooperan con el Comité y que el caso de la Argentina debía utilizarse como un buen ejemplo».
Por cierto, el cable que Cima envió a Cancillería a las 20:44 con copia al subsecretario Schapira no decía exactamente lo que le había transmitido telefónicamente a la Secretaría de Derechos Humanos, a saber, que «miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas, entre ellos su presidenta, felicitaron al Estado argentino por su compromiso con la justicia y el tratamiento responsable de la causa en la que se investiga la búsqueda de Santiago Maldonado». Es que el embajador no había ido a la reunión, y como conoce poco del tema, se equivocó. Cuando envió el cable, fue más preciso.
El nuevo representante argentino ante la CED, presente en la 13º sesión, es Horacio Ravenna, propuesto por este Gobierno para el período 2017-2021. Se trata de un abogado que viene de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en tiempos de Raúl Alfonsín, que llegó a ser secretario de Derechos Humanos del radicalismo. En el 2015 renunció a la APDH, donde era copresidente, denunciando a otro directivo que cobraba por realizar trámites gratuitos. Ravenna es un hombre austero y de convicciones. Literalmente, habla otro idioma al de Cima.
El Gobierno arrancó a ciegas en derechos humanos, una agenda que domina el kirchnerismo, que desparramó cuadros profesionales a lo largo y a lo ancho del mundo, y de la administración pública, en cada rincón. Ahora anda a tientas, tratando de entender los códigos de un mundo que no domina y que, la verdad, tampoco le interesa demasiado. En el camino, se encuentra con situaciones que serían desopilantes, sino fuera por las consecuencias que están provocando.
Auspice Stella, la organización no gubernamental que es reconocida como «entidad consultiva especial» en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, está patrocinada por el Reino de Araucanía y Patagonia, una monarquía fundada en 1860 por el abogado francés Orélie Antoine de Tounens. El autoproclamado monarca reclamó la soberanía del territorio comprendido en el sur de la Argentina y de Chile.
Sus descendientes, el ya fallecido Philippe Boiry -autoproclamado Felipe I- y ahora Jean-Michel Parasiliti di Para -autoproclamado príncipe Antonio IV-, obtuvieron fondos vaya a saber de dónde para crear Auspice Stella y su Comité Mapuche para los Derechos Humanos, que tienen oficina en Bristol, Inglaterra, y Chourgnac d’Ans, Francia.
Financian un secretariado internacional, presididido por el «Conde» Mariqueo de Lul-Lul Mawidha, que es director general, y está integrado por Marianne Paine (vicerrectora) y Dame-Nina Saleh Ahmed (directora ejecutiva). También cuenta con un «Observatorio Mapuche de Derechos Humanos» y, por supuesto, financia todos los viajes de sus directivos y representantes, además de respaldar en forma activa el accionar de varios grupos mapuches en Argentina y Chile, entre ellos, el RAM.
En el portal que también financia esta Comisión Mapuche de Derechos Humanos, www.mapuche-nation.org, se puede leer que el 17 de noviembre de 1860, más de 3000 representantes mapuches se reunieron en asamblea al pie del cerro Andencul en la comunidad del Lonko Kilapán, donde se pusieron de acuerdo para crear una monarquía constitucional y parlamentaria, y Orélie Antoine de Tounen fue proclamado el primer monarca del Reino de Araucanía y Patagonia.
En ningún lado se explica por qué la nación mapuche eligió un monarca francés. Lo que es innegable es que el territorio supuestamente mapuche es idéntico al Mapa del Reino de Araucanía y Patagonia. Pareciera que los descendientes del «rey de la patagonia» llegaron a la conclusión de que tenían que movilizar a los mapuches para recuperar lo que les corresponde. Y están consiguiendo sus objetivos.
El año pasado, en el centro de Bariloche, sesionó por primera el Parlamento Patagonia. En realidad fue en el «territorio ancestral de Nahuel Huapi, Furilofche», los días 13, 14 y 15 de agosto de 2016. Se trató de una reunión convocada por la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro, un «reencuentro de la Nación Mapuche», donde se pidió que el Estado argentino reconozca el genocidio contra los pueblos originarios y se implementen políticas de restitución de las tierras usurpadas.
En este extraño escenario desapareció Santiago Maldonado, una incógnita lacerante que facilita la incorporación de la agenda mapuche-monárquica de un modo que jamás sucedió antes. ¿Cuáles son los verdaderos intereses de las organizaciones de derechos humanos financiadas por los herederos del rey de la Patagonia? Es difícil entender lo que está pasando. Es tan difícil hilvanar la historia, ya que se han encontrado plantaciones de marihuana en el campo sagrado. Algo huele mal en las tierras ancestrales