DONDE EXISTE UNA NECESIDAD, NACE UN RECORTE
Por Ariel Herrera. Abogado. Docente.
Secretario General Partido Nuevo Encuentro.
Mediante la Disposición Conjunta 0005 – 17, las autoridades del PAMI dispusieron que sólo subsidiarán los medicamentos a aquellos jubilados y jubiladas que perciban menos del equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos, es decir $8.500 pesos. Por lo tanto todos los jubilados y pensionados cuyo haber previsional supere los $8.499 pesos mensuales dejarán de tener cobertura para medicamentos.
Se calcula que esta medida afectará a más de 200.000 jubilados y jubiladas de todo el país.
En forma tragicómica y para disimular tamaña vulneración de derechos, la disposición antes mencionada agrega que dejarán también de acceder a los medicamentos aquellos jubilados que sean dueños de aviones o barcos.
Es decir, la misma medida se aplica tanto a los jubilados y pensionados que cobren $8.500 pesos como a los que sean dueños de aviones o de barcos, midiendo con la misma vara a una persona que está por debajo de la línea de la pobreza y no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total ($12.637) que aquel que sea dueño de un barco o un avión.
Esta medida es arbitraria e inconstitucional al vulnerar el Derecho a la Salud reconocido en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, que incorpora y le da jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios».
En el mismo sentido el art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que «Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.
A su vez el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su art. 12 que «1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: …c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad».
Hay que agregar que las prestaciones médicas del PAMI son parte del Derecho de la Seguridad Social. Teniendo en cuenta esto, esta medida que deja sin la cobertura de medicamentos a más de 200.000 personas, va en contra de los principios básicos de la Seguridad Social, como el de UNIVERSALIDAD, el cual está orientado a garantizar que todas las personas tengan derecho a la cobertura de las prestaciones; el de la INTEGRALIDAD, que busca proteger a las personas contra todas las contingencias humanas (vejez, enfermedad, etc.); e IGUALDAD, que establece igual tratamiento para quienes se encuentren en iguales situaciones. Este principio resulta vulnerado flagrantemente por la medida que establece el recorte, al poner en la misma situación a una persona que tiene un haber jubilatorio de $8.500 pesos como a quien es dueño de un avión o un barco.
Seguramente quienes creemos en el Estado de Derecho, buscaremos justicia a través de las diferentes herramientas que existan para proteger los derechos que esta resolución vulnera, lo que de todas maneras implica un camino incierto para los jubilados y las jubiladas de nuestro país, al tener que buscar el asesoramiento adecuado, pagar honorarios, arriesgarse a un fallo contrario, etc. Lo cierto es que la gran mayoría será víctima del recorte arbitrario del gobierno, siendo un número más de la planilla de Excel, en este caso del PAMI.
Así, una vez más el gobierno de Macri ataca y avanza contra nuestros jubilados y jubiladas, mientras otorga subsidios millonarios a empresarios como Pescarmona, quién seguramente sí es dueño de aviones y/o barcos.
El Director Ejecutivo de PAMI, Carlos Regazzoni, declaró ante los medios: «encontramos 52 personas que son titulares de avión y que son beneficiarios». Lo razonable hubiese sido actuar sobre estos 52 casos, en vez de excluir a más de 200.000 jubilados y jubiladas. Pero no buscan lo razonable. Lo que buscan es recortar y vulnerar los derechos de quienes más lo necesitan.
Así Regazzoni estima que esta medida «permitirá ahorrar al organismo una suma de $ 1.600 millones de pesos». A Regazzoni se le olvidó mencionar que durante el año 2016 se crearon 351 nuevos cargos jerárquicos en el PAMI, equivalentes a una suma de $ 331.596 millones en sueldos anuales.
Lejos estamos de lo que proponía en 1819 el patriota latinoamericano Simón Bolívar, quien expresó con simpleza y convicción que » el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad Social y mayor suma de estabilidad política». Lejos estamos de esa clara y precisa consigna.
Aquellos que creemos en la Democracia y en los Derechos para todos y todas, sostenemos la consigna de Evita que todavía resuena: «Donde existe una necesidad, nace un derecho».
Parece que la consigna que corre en estos tiempos, instalada y militada por el Gobierno de Mauricio Macri es «Donde existe una necesidad, …nace un recorte».