¿Errores o estrategias?

El Estado se rige por cánones distintos al sector privado, por más que el gobierno quiera imponer criterios de ‘eficiencia’ a la gestión pública

Por Ernesto Behrensen

Agencia DYN 

Si en su rol de presidente de la filial argentina de Shell, Juan José Aranguren hubiera presentado un plan de acción en abril cuyo resultado, en agosto, hubiera sido la pérdida de entre 10 mil y 20 mil millones de pesos, se hubiera quedado sin trabajo.

Sin embargo, hoy Aranguren no es presidente de Shell, sino ministro de Energía. Y el Estado se rige por cánones distintos al sector privado, por más que el gobierno de Mauricio Macri quiera imponer criterios de «eficiencia» a la gestión pública. Por ende, Aranguren seguirá siendo ministro.

Cierto es que no es el único (ni el último) responsable del desbarajuste político que armó la pésima instrumentación de la readecuación tarifaria. 

El fallo de la Corte

Macri avaló el plan y los funcionarios técnicos (el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y el ministro de Justicia Germán Garavano) creyeron que el andamiaje montado era el correcto.

A la luz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló los aumentos para los usuarios residenciales en la tarifa del gas quedó demostrado el error. Y también varios interrogantes.

¿La estrategia oficial con las tarifas fue premeditada o improvisada? ¿El gobierno comete errores por incapacidad a la hora de gestionar o lo hace premeditadamente, especulando con obtener un resultado «X» a partir de un planteo más amplio? ¿El Presidente es consciente de los costos políticos que está pagando a nivel de opinión pública? ¿Lo es respecto a los costos que padece con sus aliados de la Alianza Cambiemos? ¿Pecan de soberbios o de modestos? ¿Hay un plan o se actúa sobre la marcha? La discusión sobre las tarifas dejó de ser técnica hace mucho. Tampoco es judicial, pese a que desde ese poder se dio una salida al conflicto.

El problema de la reformulación de las tarifas energéticas es, ante todo, político. Y la política es la principal falencia del gobierno de Mauricio Macri.

El mal manejo del tema, las idas y vueltas, las críticas internas, el malhumor social, el tiempo perdido, la falta de capacidad para generar ámbitos de diálogo y consensos llevaron a la Casa Rosada a este callejón.

Con las tarifas, el PRO no cumplió ninguno de los principios que establece la política. Eludió el diálogo, las audiencias públicas, los consejos propios y opositores, el asesoramiento de los ex secretarios de Energía y la opinión de los gobernadores. Intentó imponer su voluntad y chocó contra la pared.

Revertir el camino 

Ahora, intenta revertir ese camino. Impulsa el diálogo con los gobernadores para aplicar un «Plan Federal Energético». Ya lo inició con el cordobés Juan Schiaretti. Ante el fracaso de lo «técnico», apuesta a una «solución política».

Pero no todo fue tomado como mala noticia en la Casa Rosada. Como dijo el ministro Garavano, el fallo de «la Corte hizo una diagonal». Anuló el aumento del gas para los usuarios residenciales (un 25 por ciento del total) y ratificó las subas para las empresas y comercios. «Ganamos 75 a 25. Para como veníamos no está mal», interpretan.

Un efecto lateral del fallo fue el reclamo de las asociaciones empresarias de las PyMEs, pero también desde la Unión Industrial Argentina, que pusieron el grito en el cielo al no quedar exceptuadas del aumento. «Se perderán miles de empresas», «el fallo deja a las PyMEs a la intemperie», alertaron.

La reacción oficial ante la decisión judicial intentó ser «políticamente correcta».

«El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las tarifas de gas es parte del proceso institucional y termina con la incertidumbre que se generó en los últimos meses», afirmó el jefe de Gabinete Marcos Peña. «Ahora lo importante es mirar para adelante», agregó. «Nosotros no creemos que acá se trate de una discusión de costo político o vivir eso como, de vuelta, quien tiene razón o no», abundó. Autocrítica, cero.

¿Quién genero esa «incertidumbre»? Si lo «importante es mirar para adelante», entonces ¿nadie se hace cargo de una discusión que se extendió por cinco meses? Si tan importante era el proceso institucional, ¿por qué no se convocaron antes las audiencias (finalmente será el 12 de setiembre) y de esa forma se evitaba el drenaje de fondos en materia de subsidios? Porque es cierto que «hay un consenso bastante amplio que lo que se pagaba de tarifas en la Argentina no está acorde con lo que cuesta», como dijo Peña. Pero ¿era necesario cambiar el esquema en forma tan desprolija? El gobierno intentó mostrar como una virtud lo que es una obligación: Acatar un fallo de la Corte Suprema.

Esta mala gestión lleva a preguntarse si realmente hay un plan.

En el propio PRO se contradecían antes del fallo respecto a la existencia de un Plan «B» en caso de una decisión judicial adversa. Para el diputado Luciano Laspina, el gobierno tenía un plan B, pero no lo haría público a la espera del fallo de la Corte. Para su par Nicolás Massot, «el plan B es continuar como antes, continuar con niveles de inflación del 40 por ciento al infinito».

El plan B

Para Aranguren, quien en su informe en el Congreso había dicho que existía «un plan B» en caso que la Justicia impidiera los aumentos, una vez conocida la resolución decidió agregar más letras a los eventuales planes.

«Con respecto a ese plan B, es decir cuando contesté esa pregunta me refería, obviamente, a que todos tenemos que tener una posición de alternativa, ante una decisión que no está bajo nuestro control y que tampoco lo explicitábamos porque era una forma de estar presionando sobre la Corte Suprema de Justicia. Hoy estamos aplicando lo que es la consecuencia de este fallo de la Corte Suprema de Justicia y pensamos que es bueno que ahora haya claridad sobre el tema porque de ahora en lo adelante sabemos que, aunque nuestra interpretación fue distinta, cuando haya una afectación por parte del Estado de un precio de mercado, como es el caso en el precio del gas o en el costo de financiación de la electricidad, se solicita que haya una audiencia pública previa. Por lo tanto, eso va a ser, a partir de ahora, el plan de gobierno, llámelo A, B o C», afirmó.

Clarísimo.

Antes del fallo de la Corte y después, los socios de Cambiemos expresaron críticas que no se oyeron en los representantes del PRO, más preocupados por realizar «timbrazos» que planificar políticas.

Elisa Carrió afirmó que el fallo era «correcto» y advirtió que «la Constitución y la ley deben ser respetadas». «No puede haber impunidad para el incumplimiento legal, aunque nos cueste como Gobierno», dijo.

«Hoy cabe la autocrítica, pero para mejorar; autocrítica siempre tiene que haber, si no, somos Cristina Kirchner: ‘la justicia no me deja gobernar'», se sinceró el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez.

Desde el radicalismo, previamente, el presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, afirmaba: «No estoy en el corazón del Gobierno, pero hubiese preferido una solución política no del todo satisfactoria para todos y no quedar en esta expectativa».

Ante la andanadas de cuestionamientos que recibió el gobierno nacional por su falta de previsión y, sobre todo, de autocrítica por lo actuado, al día siguiente del fallo Garavano se vio obligado a reconocer que «era una cuestión controvertida, pero hoy con el fallo en la mano, sí, definitivamente» se cometió un error en la aplicación de incrementos.

En los días previos, Mauricio Macri defendía el aumento y denunciaba que había «dirigentes que ponen palos en la rueda» para que el país «no evolucione».

A la luz de los acontecimientos, cabría preguntarse en qué vereda se encuentran esos dirigentes, si en la oposición o en las propias filas.///