La ONU creó un Grupo de “expertos en derechos humanos” para investigar a Nicaragua

Por 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió en Ginebra crear “un grupo de tres expertos para emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones, sus dimensiones de género y causas estructurales profundas desde abril de 2018” en Nicaragua. El proyecto fue presentado por Chile, al frente de “otros 45 países patrocinadores”, como Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica y Uruguay.

De los 8 países de America Latina y el Caribe que forman parte de este Consejo, integrado por un total de 47 Estados según una repartición entre las 5 zonas geográficas en que se divide la ONU, votaron a favor Argentina, México, Brasil y Paraguay, los miembros de la Unión Europea, y otros vecinos de la región, incluyendo a Ucrania, más Canadá, Estados Unidos, Corea y Japón, entre otros. Votaron en contra Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras, Eritrea, Rusia y China.

Llama la atención que de los 4 países de América Latina y el Caribe que votaron favorablemente la resolución, solo Paraguay intervino para defenderla, al tiempo que Argentina, Brasil y México guardaron silencio. En cambio, de los otros 4 países de la región que votaron en contra, Cuba y Venezuela hicieron uso de la palabra, pero oponiéndose ferozmente al texto, mientras que Honduras y Bolivia no justificaron su voto en contra, consolidando el quiebre de la solidaridad latinoamericana.

De los demás países del mundo hubo discursos en favor de la resolución del Reino Unido y Holanda, magro apoyo cuando la situación en Nicaragua sigue agravándose, y la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, mantiene una presión constante para frenar las violaciones, siendo a su vez la Argentina quien ocupa la Presidencia del Consejo. Es la primera vez, desde el estallido de la represión por las protestas en Nicaragua en 2018, que la Argentina omite manifestarse sobre la situación de los derechos humanos en dicho país.

Cabe resaltar que lo decidido trata de la constitución del segundo mecanismo independiente de investigación que el referido Consejo inaugura en America Latina, después del consagrado a Venezuela. Ahora la resolución pide “que el mandato se haga efectivo inmediatamente”, estableciendo su duración por un año. Se le destinan 3.178.400 dólares para su funcionamiento, cuya instalación será en las cercanías de Nicaragua, dada la hostilidad para con el proyecto, anticipada por el gobierno de Daniel Ortega.

El objetivo fijado al mecanismo para establecer “hechos, abusos y violaciones”, es el de “reunir, consolidar, preservar y analizar información y pruebas y, de ser posible, identificar a los responsables, y hacer que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”, y también “asegurar un enfoque centrado en las víctimas, abordando los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación”.

Sus tareas deberán coordinarse con el trabajo que respecto a Nicaragua lleva adelante la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a quien la resolución le encomienda reforzar “su labor de seguimiento”, solicitándole para junio venidero, “un informe exhaustivo … que contenga una evaluación detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas” con anterioridad, sumadas a las de otros órganos de la ONU, documentos que deberán ser debatidos en el Consejo.

Mientras el Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador argentino Federico Villegas, emprende la búsqueda y nominación de los 3 expertos para poner en marcha esta suerte de Comisión Investigadora, el Colectivo 46/2, coalición de 21 oeneges saludaron “el liderazgo de los países latinoamericanos” para contribuir a la “rendición de cuentas” en Nicaragua, expresó Natalia Yaya, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

«Nicaragua lleva más de cuatro años sumida en una profunda crisis de derechos humanos, que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos. Se han adoptado cuatro resoluciones y las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con las Naciones Unidas ni con el sistema interamericano de derechos humanos», afirmó Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENIDH-Nicaragua.

«Este mecanismo era el siguiente paso lógico, necesario y largamente esperado para hacer frente a la impunidad que sigue alimentando las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Ante un gobierno que ha cerrado todos los canales de cooperación con la ONU, profundizando así la crisis en el país, la comunidad internacional allana el camino para futuros procesos que puedan hacer justicia con la creación de este mecanismo», añadió Ligia Gómez, portavoz de Urnas Abiertas.

«Es esencial garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidos los asesinatos, las torturas, las violaciones y otros actos de violencia sexual y de género, inclusive contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, no queden impunes a largo plazo», declaró Tania Agosti, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), “así como sus patrones y causas estructurales, incluido el impacto de las formas de discriminación cruzadas”, coincidieron las oeneges.

Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más «este mecanismo es el resultado de la resistencia cívica de diversos actores, incluyendo a las víctimas que se han negado a callar ante los crímenes cometidos por el Estado; es una herramienta para la defensa de los derechos y la lucha contra la impunidad, así como un apoyo para las víctimas. Esta buena noticia nos llena de esperanza».

«Esperamos que para cumplir con este importante mandato se elijan miembros que cumplan con los criterios de idoneidad e independencia, con experiencia y trayectoria probada en derechos humanos, integración de la perspectiva de género y conocimiento del país», subrayó Karina Sánchez de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

«El mecanismo que el Consejo ha adoptado hoy es fuerte y permitirá identificar a los responsables de las violaciones cometidas en Nicaragua y preservar las pruebas para futuros procesos de justicia. Envía un mensaje claro a todos los Estados de que no se tolerará la falta de cooperación con el sistema universal, ni el desprecio por las graves violaciones de los derechos humanos», concluyó Raphael Viana David, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH).