Nisman muerto y Maldonado desaparecido tienen algo en común: un Estado ineficaz

Hace 32 meses el fiscal que investigó sin resultados efectivos durante once años el atentado más tremendo de la historia argentina, apareció muerto en el baño de su departamento con un balazo en la cabeza. Mucho se debatió acerca de las causas de su violento deceso, sin arribar jamás a una definición judicial que conformara el reclamo de justicia. Como es de público conocimiento, las pericias iniciales efectuadas por los integrantes de una junta médica que reunió a 13 expertos presidida por el decano del Cuerpo Médico Forense, Roberto Godoy, determinaron en 2015 -cuando aún gobernaba Cristina de Kirchner– que el fatal desenlace del fiscal no se trató de un homicidio, con lo que -sin afirmarlo categóricamente- dejaba sentadas las bases que consolidaban la teoría del suicido. Para aquel dictamen, las tareas de recolección de pruebas y análisis de manchas de sangre fueron realizadas por miembros de la Policía Federal. La familia del fiscal, con su ex esposa a la cabeza (la jueza federal Sandra Arroyo Salgado), discrepó con estos resultados «oficiales» y mandó a elaborar un informe propio, donde se afirmó absolutamente lo contrario: que Nisman había sido asesinado.

Esta semana, otra junta integrada por miembros de Gendarmería y peritos aportados por la querella, a pedido del gobierno de Mauricio Macri, dieron a conocer los resultados de otra nueva pericia en la que cimentan la hipótesis del crimen, basándose en «hallazgos» que increíblemente no detectaron los expertos que trabajan al servicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y significativas diferencias en algunos datos esenciales para la investigación. A saber:

• La data de muerte: mientras la pericia inicial hablaba de una franja horaria entre las 8 de la mañana del domingo 18 de enero y las 12 del mediodía de ese día, la de Gendarmería estableció que ocurrió entre la medianoche y las tres de la mañana.

• Presencia de terceros en la escena: sin ser categóricos, los expertos de la Corte no pudieron probar la presencia de terceros en el departamento de Le Parc. Durante la recreación del momento de la muerte de Nisman, los gendarmes establecieron que el fiscal fue «asesinado» por dos personas. Una de ellas lo habría sostenido mientras otra le disparaba en la cabeza.

• Arma: la Federal sostuvo que «no se hallaron partículas características de residuos de disparo» en la mano derecha del fiscal, ya que de los tres elementos necesarios para afirmar la presencia de pólvora, sólo fueron hallados dos. Por eso, no descartaron el suicidio y sostuvieron que la sangre podría haber barrido ese componente. Los gendarmes, en cambio, afirmaron que ante la ausencia de «partículas características de residuos de disparo» en la mano de Nisman, la pistola fue accionada por un tercero.

• Ketamina y golpes: originalmente no se halló ketamina en los estudios del cuerpo y los golpes fueron por la caída al piso tras el disparo. Gendarmería halló ketamina y golpes en la nariz y el cuerpo, que fueron provocados por los agresores para reducir al fiscal y matarlo.

La semana que viene se cumplirán dos meses desde el momento que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras participaba de una protesta de grupos mapuches en la ruta 40, a la altura de Cushamen. Luego de un cono de sombras detrás del proceso investigativo y el errático accionar de un juez que demoró medidas esenciales y prejuzgó respecto de las hipótesis, la causa se encuentra estancada sin poder determinar aún si el joven artesano sufrió un exceso de violencia por parte de un grupo de gendarmes sin conducción (hipótesis simplista, alentada por el gobierno para disipar dudas sobre su responsabilidad); o fue víctima de una desaparición forzosa preparada mediante la implementación de un plan premeditado por las más altas esferas del poder político (de difícil comprobación y rayana con lo descabellado).

En cualquier caso, en estos 55 días quedó evidenciado que ni el gobierno (que reaccionó tarde en colocar en la mira de la investigación a los gendarmes, a quienes protegió incomprensiblemente durante las primeras dos semanas), ni la justicia (que dilató allanamientos e indagatorias con una sugestiva subestimación de las testimoniales que apuntaban a los responsables del dispositivo represivo), estuvieron a la altura de las circunstancias y terminaron siendo funcionales a la confusión general en la que se sumió el caso, cuya resolución está a cada vez más lejos.

Nisman y Maldonado muestran la cara más perversa de un sistema que garantiza impunidad mediante la ineficacia de las instituciones. Esa ineficacia no es anónima, tiene responsables, y son los actores que, desde el Estado, tuvieron a su cargo las tareas investigativas y no hicieron otra cosa que entorpecer el esclarecimiento por inoperancia o por complicidad con aquellos a los que les conviene que ambos casos permanezcan irresueltos. O lo que es peor, impunes.