San Luis impulsa prisión para quien viole orden de restricción
Funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá trabajan en un proyecto para modificar el Código Procesal Criminal.
El gobierno de San Luis avanza en una norma para proteger a las víctimas de violencia de género de la provincia al impulsar la prisión preventiva para quienes no cumplan con las órdenes de restriccción dictadas por un juez.
En este proyecto de ley trabaja el ministro de Gobierno puntano, Eduardo Mones Ruiz, quien propone incorporar un inciso al artículo 510 del Código Procesal Criminal de la provincia que establece los requisitos para dictar prisión preventiva.
A los motivos ya existentes se sumará el no cumplimiento de una orden de restricción, «orden que debe estar vigente y debidamente notificada», como señaló el funcionario del gobernador Alberto Rodríguez Saá al explicar la iniciativa.
Entre los fundamentos del proyecto se menciona la jurisprudencia que considera que la violación de la prohibición de acercamiento es un delito de acuerdo al Código Penal, tipificado como «desobediencia a una orden judicial».
Asimismo, el Ministerio de Gobierno se basó en las estadísticas que señalan que 3 de cada 10 denunciados por violencia de género no cumplen con las restricciones. «El resultado de estas infracciones suele ser mortal o acarrear graves consecuencias para las víctimas», dice el proyecto del oficialismo de San Luis, que añade que no hay antecedentes de una reforma de estas características.
Eduardo Mones Ruiz manifestó: «Esto representa un antes y un después para las víctimas de violencia. Buscamos sumar una nueva herramienta de defensa».
Y agregó: «Habilitará a los jueces a dictar prisión preventiva. Las provincias pueden dictar sus propios códigos de procedimientos, que son las herramientas procesales que tienen los magistrados para aplicar la ley».
El funcionario de Rodríguez Saá enfatizó en que si la Justicia da una orden, «hay que cumplirla» y que de lo contrario «se pone en riesgo a las personas», explicó.
El texto que impulsa la reforma del código indica que «no existe razón alguna para privilegiar a los violentos que lesionan, amenazan y matan principalmente a mujeres en nuestro país».