La ONU censura represalias contra testigos que denuncian violaciones de los derechos humanos
A escala mundial, “activistas y periodistas” son preferentemente objeto de múltiples formas de intimidación, para que no acudan a la ONU. Su Consejo de Derechos Humanos instaura un sistema de vigilancia permanente. La crisis sanitaria agrava la situación.
Un informe del Secretario General, Antonio Guterres, en cuanto a métodos de castigo e identificación de víctimas civiles por denunciar exacciones ante la ONU; y un segundo informe coetáneamente vinculado, pero sobre los reclamos de liberación de prisioneros llevado a cabo por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, concurren en reforzar una política de seguimiento mediante informes anuales de los casos. No obstante, corresponde a los gobiernos de los países donde ocurrieron los hechos, indagar y hacer justicia.
La resolución adoptada sin votación en Ginebra, refuerza la protección de los que “traten de colaborar o hayan colaborado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos”. Reclama a los Estados “adoptar medidas para prevenir e investigar los actos de intimidación o represalia y para garantizar la rendición de cuentas”. Sin embargo, la ONU mantiene que toda denuncia “ha de ser creíble, verificada y contrastada”.
Entre los países señalados en los informes antes citados, por América Latina y el Caribe, figuran evidencias sobre atropellos represivos sucedidos en Honduras, Colombia, Cuba, Venezuela, Mexico y Nicaragua, que a su vez son perpetradas por grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos. Entre otros, también por Marruecos, a raíz de prisioneros del Frente Polisario que lucha por la independencia del Sahara Occidental, e Israel a causa de Palestinos privados de su libertad.
La resolución analiza que “el número de denuncias de actos de intimidación o represalia cometidas por los Estados y los agentes no estatales, así como las tendencias” observadas, “tanto en línea como por otros medios, pueden ser algo más que incidentes aislados, e indicar la existencia de pautas”. Abundan las que encañonan “a defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas”.
Semejante ofensiva en todos los continentes persigue instaurar “la creciente autocensura de víctimas y agentes de la sociedad civil que deciden no colaborar con las Naciones Unidas, tanto sobre el terreno como en la Sede, al temer por su seguridad o hallarse en contextos en los que se penaliza o vilipendia públicamente la labor en pro de los derechos humanos”. Para intentar justificarlos se constata “el uso de argumentos relativos a la seguridad nacional y estrategias antiterroristas”.
La información incesante que pretende acrecentar la ONU se vincula a “impedimentos, amenazas y violencia particulares a que se siguen viendo expuestas las personas que se hallan en situación vulnerable o pertenecen a grupos marginados cuando colaboran con Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de derechos humanos”, a los que conviene enfrentar … “entre otras formas de manera pública”, y “garantizar la rendición de cuentas”.
Para la ONU, su cometido busca apoyar “personas en peligro”, en procura de asegurarles “una mejor prevención”, incluso “en el ámbito digital”, tomando asimismo en consideración “cuestiones de genero”, impulsando mantener al respecto un “diálogo constructivo y la cooperación con el Estado de que se trate”, para de tal manera “reforzar su capacidad de cumplir las obligaciones que le incumben en materia de derechos humanos”.
La represión constatada por la ONU, enumera atentados contra “el derecho de las víctimas a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, y la contravención de las obligaciones contraídas con arreglo al derecho internacional que prohibe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes”. A su vez previene que los Estados deben proporcionar los “recursos efectivos” contra tales actos e impedir su reincidencia,
Tampoco se olvidan intimidaciones o represalias, tales que los “ataques y campañas de difamación y el uso del discurso del odio; las deficiencias en los procesos de acceso y acreditación; el empleo de medidas jurídicas y administrativas para” coartar “ la actividad de la sociedad civil”, obstaculizar “el acceso a abogados”, y el no respeto a “la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y a la libertad de expresión” junto al “aumento de los efectos de la brecha digital”.
Desde Ginebra, Juan Gasparini