La ONU protesta por el cierre de organismos de derechos humanos en Nicaragua
Expertos de la ONU en derechos humanos enviaron hoy a Nicaragua una carta de
protesta conjunta “por el cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad
civil”, la cual se suma a la ausencia del gobierno de Managua en el examen regular
del Comité contra la Tortura (CAT), una obligación para los 173 países que han
ratificado la convención, indicaron portavoces de la ONU en Ginebra.
La medida del gobierno de Daniel Ortega contra formaciones de la sociedad civil
“es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en activistas y personas
defensoras de derechos humanos en todo el país”, afirmaron Relatores Especiales y
Grupos de Trabajo de la ONU que vigilan el cumplimiento de los derechos de
reunión pacífica, libertad de expresión y opinión, y derechos culturales.
También se sumaron a las denuncias los Relatores Especiales para los derechos al
desarrollo, la alimentación, el medio ambiente, indígenas, salud física y mental, y
discriminación contra mujeres y niñas, quienes cuestionaron la cancelación de la
personalidad jurídica de cientos de asociaciones, lo cual “representa un claro patrón
de represión del espacio cívico”, subrayaron.
Suscribieron igualmente la carta los expertos por el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista, defensores de derechos
humanos y el de los derechos culturales, “expresando conmoción por el alcance de
las clausuras por parte de la Asamblea Nacional a petición del Gobierno de más de
700 organizaciones, 487 de ellas solo en el mes pasado”.
A su vez los titulares de estos mandatos definidos por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados elegidos en virtud del voto secreto
de la Asamblea General de la ONU -expertos que no son funcionarios de la ONU ni
cobran sueldo y actúan según su propia conciencia, a quienes solo les reembolsan los
viáticos para sus misiones-, precisaron que si bien el cese del espacio cívico se ha
observado desde la crisis de 2018, “el cierre de organizaciones se ha acelerado como
consecuencia de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros (2020) y la Ley
General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL) que
entró en vigor recientemente”.
Dijeron que esta ley “impone amplios procedimientos administrativos y de registro,
la divulgación de los datos de beneficiarios/as, y limita significativamente el
financiamiento externo”, para lo cual los representantes de la ONU aportaron con
anterioridad, un “análisis legal” cuestionando la misma, pero hasta ahora Nicaragua
no aportó respuesta al mencionado documento.
“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes anti-terroristas y anti-
lavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades
de la sociedad civil y las libertades fundamentales,” manifestaron las y los miembros
de las Relatorias y Grupos de Trabajo, haciendo referencia a una tendencia mundial.
Detallaron “que las clausuras no solo afectaron organizaciones de derechos humanos,
incluyendo aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos
indígenas, sino también aquellas que promueven valores democráticos y que luchan
contra los efectos negativos del cambio climático”. Paralelamente estas restricciones
perjudican “asociaciones que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos, así
como instituciones educativas, culturales y artísticas, y fundaciones religiosas”.
Los expertos lamentaron que “esta situación tendrá consecuencias aún más
devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización que dependen
de estos servicios para su supervivencia, por ejemplo, comunidades rurales e
indígenas, niños/as y jóvenes, mujeres y solicitantes de asilo”, sin olvidar “el efecto
disuasivo que estas clausuras tienen sobre actores de la sociedad civil” pues “cientos
de activistas ya han huido el país para buscar refugio en Estados vecinos dado el
riesgo de represalias”. Concluyeron instando “al Estado a abstenerse de decretar más
cierres y de revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un
espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país
democrático”.
Las criticas a Nicaragua de estos Relatores y Grupos de Trabajo coinciden con los
informes que viene presentando ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la
Alta Comisionada, Michelle Bachelet. Por otra parte, dicho Consejo votó en marzo
pasado, con fines de investigación, la constitución de un grupo de 3 expertos
independientes, que deberán rendir un primer informe en marzo de 2023.
Coincidentemente, la ausencia de la delegación del gobierno de Nicaragua para el
examen regular ante el Comité contra la Tortura (CAT), en Ginebra, antes
consignadas, y “la negativa explicita a presentar respuestas por escrito a las
cuestiones planteadas en 2020” al país -ejercicio previo al que se someten los Estados
que han ratificado la Convención, para preparar sus exámenes-, el CAT ofreció una
nueva posibilidad a Nicaragua, para su sesión venidera en octubre-noviembre de
2022. A tal efecto resolvió hacerle llegar al gobierno nicaragüense “conclusiones
provisionales”, para conocer “sus comentarios”.
Desde Ginebra, Juan Gasparini