Citaron a los exministros de Jeanine Áñez en una causa por presuntos actos de corrupción
El Ministerio Público Fiscal de Bolivia investiga a los miembros del gabinete de la expresidenta de facto por la firma de tres decretos que habilitaron la compra del materiales antidisturbios por los que se habrían pagado 2,3 millones de dólares de más.
La Fiscalía de Bolivia citó a declarar al Gabinete de la expresidenta Jeanine Áñez por la compra de material antidisturbios con presuntos sobreprecios durante el año que duró el Gobierno de facto surgido tras el derrocamiento de Evo Morales.
Según el Ministerio Público, los miembros del Gabinete de Áñez firmaron tres decretos que dieron vía libre a la compra del material.
El fiscal Alexis Vilela explicó que la Fiscalía ya trabaja en la elaboración de un calendario para organizar las declaraciones con el investigador asignado al caso, informó el diario boliviano La Razón.
El caso de los gases lacrimógenos, como lo bautizó la prensa boliviana, volvió a ser noticias la semana pasada después de que el exministro de Gobierno Arturo Murillo fuera detenido en Estados Unidos por el pago de sobornos y blanqueo de capitales presuntamente en el marco del mismo caso.
De acuerdo con los datos que maneja el Gobierno de Bolivia, se pagaron 5,6 millones de dólares por un material antidisturbios que cuyo precio real sería 3,3 millones.
Las autoridades bolivianas también involucran en el caso al exministro de Defensa Fernando López, cuyo paradero no está confirmado, aunque las autoridades sospechan que se encuentra en Brasil.
Esta misma semana la exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric confirmó que tampoco se encuentra en la nación andina.
María Pinkert y Roxana Lizárraga, otras exministras de Áñez, abandonaron Bolivia después de que Luis Arce, delfín de Morales, ganara las elecciones de octubre de 2020.
Por su parte, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán se encuentran en prisión en La Paz, mientras que el exministro de la Presidencia Yerko Núñez se declaró en la «clandestinidad».
La propia Áñez está en prisión preventiva desde abril, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en el marco de la crisis política de 2019.
A comienzos de esta semana, el Ministerio Público anticipó que la expresidenta de facto también podría ser citada a declarar en la causa de los gases lacrimógenos.