Conflicto con la Justicia: La interna de la policía mendocina, un dolor de cabeza para Cornejo
El gobernador enfrenta una situación particular con la fuerza de seguridad local. Una interna que por ahora no pudo resolver.
En la provincia de Mendoza, la situación de seguridad y la crisis policial no son novedad, pero recientemente se han vuelto más evidentes, poniendo de manifiesto la gestión de Alfredo Cornejo y la policía local. El gobernador ha recurrido a tácticas conocidas, caracterizándose como un político duro y vengativo, desplegando esbirros que llevan a cabo su trabajo sucio desde 2015.
La paralización que experimentó la gestión entre 2019 y 2023 se agravó con las diferencias entre los alfiles de Cornejo y la tropa propia de Suárez, anulándose mutuamente. Aunque estas diferencias no se manifiesten frente a Cornejo, son un tema recurrente en los pasillos de la casa de gobierno.
En medio de este panorama con la policía, Cornejo decide nombrar como ministra de Seguridad a una funcionaria técnica y leal. Así intenta contrarrestar la influencia de su subsecretario de justicia, Marcelo Dagostino. Sin embargo, éste parece estar socavando a la ministra. También manipulando la situación desde una oficina privada en casa de gobierno, reuniéndose con policías y fiscales afines.
Cornejo, en un acto público, acusa a la familia policial de buscar planteos sindicales y aprovechar la vendimia. La realidad de un cuerpo policial que, a pesar de tener la responsabilidad de portar armas y proteger a la sociedad, recibe salarios insuficientes y vive en condiciones precarias.
La utilización política de la seguridad por parte de Cornejo ha llevado a la persecución del personal policial por parte del Presidente de la Inspección de Seguridad. En lugar de realizar un trabajo técnico, se dedica a ordenar sumarios administrativos por motivos políticos.
Seguridad y Justicia juntos
La fusión del ministerio de Seguridad con Justicia complica aún más la situación. Con la ministra proponiendo cambios legales que están fuera de su alcance y generando confusión en la opinión pública. Las presiones del ejecutivo sobre el Procurador Gulle y su equipo para perseguir opositores afectan la efectividad de su trabajo. Mientras la policía, en la primera línea de la lucha contra el delito, se ve desprotegida y mal remunerada.
En este contexto, el ciudadano se convierte en el principal afectado. La falta de claridad normativa, la persecución política y la utilización de la seguridad como herramienta política son solo algunos de los problemas que aquejan a la provincia. La amenaza política, una vez más, se convierte en un recurso desgastado.
En un giro más revelador, se investiga la posible corrupción en el manejo de la justicia, con la nominación de la doctora Soledad Soletti en el ministerio de Seguridad, vinculada estrechamente a Dagostino y Sebastián Soneira. Estos movimientos sugieren cómo la política se entrelaza con la justicia penal y la seguridad. De esta forma deja al descubierto el intento de convertir la provincia en un feudo controlado por intereses particulares.
La crisis policial en Mendoza es un reflejo de la necesidad urgente de abordar la seguridad de manera integral, despojándola de la politización que solo sirve para socavar la confianza ciudadana y poner en peligro la efectividad de las fuerzas del orden.
Fuente: LA INTERNA