«Crisis policial, internas en seguridad o cuando se hace política con los ciudadanos»
En Mendoza la situación de seguridad y la crisis policial no es nueva, solo se está poniendo de manifiesto. Cornejo lo único que está haciendo es lo de siempre: sacar su modalidad conocida: hacer de político duro, implacable, vengativo y enviar esbirros que hacen su trabajo sucio y que están en el mismo cargo desde el 2015. No sé sabe si como premio a su capacidad o por que garantizan negocios y operaciones políticas. Ni hablar de la paralización que tuvo la gestión de 2019 a 2023 al mezclarse sus alfiles con la tropa propia de Suárez: se anularon entre si. Diferencias que son conocidas por todos y que no salgan ya a enfrentarse frente a frente a Cornejo, no quita que es radio pasillo de casa de gobierno. Y en medio de esta situación decide poner como Ministra de Seguridad a una funcionaria capacitada técnicamente y que es tan leal como así también con la seguridad necesaria para no dejarse operar por su subsecretario de justicia, Marcelo Dagostino, que la va tratando de limar con sus soldados como hizo con el ex Ministro de Gobierno que respondía a Suárez, Ibáñez Rozas; valiéndose de ser del riñón de Cornejo. Y la llevan a decir incoherencias en operaciones mediáticas pagas (ver notas diariamente sobre su gestión en mdz o memo); mientras Dagostino en una oficina privada en casa de gobierno se reúne con policías y fiscales afines.
Pero veamos ya en profundidad: Cornejo acusó ayer públicamente a la familia policial de querer hacer planteos sindicalizados y aprovechar la vendimia (que es lo único que le importa por qué es vidriera nacional). La policía de Mendoza es el único funcionario policial autorizado por ley y proveído por el estado para usar armas y utilizarlas, poniendo la vida en juego en cada operativo. Aunque Cornejo quisiera un arma, no se la podría proveer el estado legalmente. Con semejante responsabilidad y rol clave en el funcionamiento de la sociedad, reciben salarios de pobreza, tienen que vivir en los mismos barrios que los delincuentes que persiguen (en su gran mayoría), la falta de contención les genera en muchos casos la destrucción de sus hogares por la desprotección en que viven y encima sueldos que no alcanzan. Pero no es solo esto: la utilización política que ha realizado Cornejo de la seguridad ha llevado a que en los últimos 5 años el personal policial viene siendo perseguido por el Presidente de la Inspección de Seguridad, quien hace también trabajo político y no técnico, ordenando sumarios administrativos a quienes no son de su agrado o no le responden políticamente. Y también es conocido el grado de maltrato personal que tiene con el personal de la propia IGS. Sin embargo técnicamente no ha generado un solo protocolo o proyecto de ley valioso. Es decir la policía sigue valiéndose como guía de normas viejas, que no determinan cuestiones básicas en su función. Arsenales no cuenta con herramientas necesarias por lo que el personal debe arreglar desperfectos en las armas o proveerse de elementos de seguridad porque tienen su vida en juego. Pero ante cualquier denuncia son pasados a pasiva. Es decir: el gobierno provincial que los acusa de hacer peticiones sindicales; les paga un sueldo por debajo del salario mínimo vital y móvil y debajo de la canasta básica, están bajo la línea de pobreza. Les exigen exponerse a cualquier operativo, los persiguen desde la IGS si no son políticamente correctos, encima sin darles normativa clara. A esto se suma que la fusión del Ministerio de Seguridad con Justicia es la tormenta perfecta: como Cornejo llegó con un plan político diciéndole a la sociedad que va a atacar al delito, hace que la Ministra que conoce muy bien la legislación, haga y diga barbaridades: que va a modificar las penas de delitos como estafas para agravarlas, que es función del congreso nacional, le hacen decir en operaciones de prensa que se reúne con el Procurador de la corte Gulle o el Ministro de la Corte Valerio para pedir endurecimiento en las prisiones preventivas o celeridad en los pedidos de allanamiento, cuando es un delirio técnico legal: no solo es invadir otros poderes, es casi plantear un acto de corrupción pública si no un alto grado de desconocimiento: qué le puede decir un Ministro de la Corte experimentado como Valerio o Gulle?: ni el Poder Ejecutivo puede imponerle nada al Poder Judicial, ni el propio Valerio puede imponerle a los jueves criterios para resolver. Es una cuestión básica de la pirámide constitucional. Políticamente dentro del Poder Judicial puede generarse capacitaciones, y la Corte dictar fallos plenarios para imponer criterios, pero nada más. La exponen a la Ministro sin sentido. El Procurador Gulle, presionado por el ejecutivo permanentemente para perseguir opositores más que delincuentes y su número dos Paula Quiroga en tandem con la Ministro de la Corte Teresa Day, lo van a Gulle moviéndole el piso sin pausa pero sin prisa. Entonces encara reformas que son luego por detrás boicoteadas. Y hace tres cosas bien, pero un error en una comisaría de un ayudante fiscal lo destroza y todo su trabajo se va al tacho. Y su cargo es sabido que es codiciado por los mismos que lo usan. La policía convive con los ayudantes fiscales: es ahí el máximo nivel de coordinación que puede tener el poder judicial y el ejecutivo en la persecución del delito: y se ve que muchas veces por cuestiones políticas, fiscales reciben órdenes de perseguir a policías con los que conviven literalmente todo el día. Síntesis: esta es la situación de seguridad en la provincia. El problema no es el personal, no es que busquen reivindicaciones ilegítimas o que el poder judicial no de soluciones: es la forma de hacer política de Cornejo y su hombre del riñón Dagostino con la seguridad: un policía que gana 300 mil pesos, se le da un arma de un millón y medio de pesos, encima de mala calidad, se debe comprar sus propios elementos de seguridad, son perseguidos politicamente, cosa fácil de que ocurra por qué no han sacado una sola norma o resolución que aclare situaciones diarias de la policía (teniendo cientos de tesis de policías que hacen sus capacitaciones y proponen mejoras técnicas) y por si fuera poco si la familia policial que es la que sufre, reclama mejoras es tildada de delincuentes prácticamente: que se espera? La amenaza política es un recurso desgastado ya cada vez más. Esto se palpa y el conflicto que sufre en definitiva el ciudadano recién empieza. Un botón de muestra de como hay corrupción en el manejo de Justicia que es investigado actualmente: ha sido nombrada soto voce en el Ministerio de Seguridad la Dra. Soledad Soletti, soldado de Dagostino y Sebastián Soneira, usada a través del colegio de abogados: fue quien llevó Dagostino a promocionar sus reformas procesales penales allá por el 2018, es miembro del Consejo de la Magistratura evaluando en el área penal de menores, y justamente en el cargo de Defensora del Personal Policial. Más muestras de cómo hacen política con la justicia penal y la seguridad y como la cooptan?. Esto es el feudo en qué nos quieren convertir.