CUARENTENA JUDICIAL
El año pasado para estos días el Poder Judicial de Mendoza tuvo que buscar herramientas tecnológicas para poder sortear la pandemia y la cuarentena dictada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Hace un año podíamos admitir la falta de previsión ante lo que se venía. Teníamos el diario del lunes en China y en Italia, pero muchos no lo leían.
Hoy no se puede admitir falta de previsión, sino irresponsabilidad. Tenemos más información que la que se tuvo un año atrás.
PREVENIR es tomar recaudos, algo que a esta altura no podemos dejar de hacer.
La digitalización y la virtualidad del Poder Judicial era una deuda que los Gobiernos tenían con la ciudadanía.
La falta de inversión y capacitación tiene responsables, pero estas responsabilidades serán mayores e injustificables si este año nos encontramos con días inhábiles por contagios en las dependencias de los Tribunales.
Hemos tenido un año para capacitarnos en lo digital, aunque algunos, los dinosaurios de siempre, opuestos a los avances tecnológicos, han trabajado en contra.
LA MÁQUINA DE IMPEDIR
Una característica de nuestra sociedad.
No solo magistrados, sino también funcionarios y empleados, como profesionales del derecho han hecho mucho para boicotear estos avances.
En un año muchos han sido desplazados del sistema, quedando fuera de juego.
Dentro de la profesión muchos profesionales que no pueden dar respuesta adecuada a sus clientes, echando la culpa a la pandemia, cuando por su incapacidad no han podido avanzar en las causas.
Funcionarios y magistrados que siguen imprimiendo los escritos y armando un expediente paralelo, resistiéndose a terminar con el papel.
Jueces que todavía ordenan realizar trámites en papel, hasta notificar en papel cuando en otras jurisdicciones se está notificando por WhatsApp o a los correos electrónicos.
Jueces que se niegan a digitalizar expedientes, que ordenan comparecer al Tribunal para compulsar las causas en papel.
Al día de hoy parece imposible que se pueda cumplir con la promesa realizada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para terminar con el expediente papel.
Otro tanto habría que decir de los peritos y auxiliares de la justicia que no se adaptan a la digitalización ni a la virtualidad, todo lo cual retrasa la administración de justicia.
Hay quienes se oponen a esta modernización tecnológica y ponen palos en la rueda, son la máquina de impedir.
La Suprema Corte debería dar instrucciones precisas de cómo trabajar en la materia.
Mientras no se modifiquen los Códigos de Procedimiento deben dictarse Acordadas para utilizar métodos tecnológicos ya usados en otras jurisdicciones para notificar demandas y resoluciones judiciales.
Mientras esto sucede el Poder Legislativo, desde hace tiempo una dependencia del Poder Ejecutivo, no ha aportado ninguna ley para modificar los procedimientos.
ANTE UNA NUEVA CUARENTENA
Aquellos que no puedan trabajar de esta forma deberán pensar en la jubilación o el retiro.
El Estado debería ofrecer capacitaciones, al igual los gremios y asociaciones profesionales.
A pasado un año y nos enfrentamos a una posible “segunda ola”, la pregunta es que hicieron en el año que pasó.
Muchos esperaron volver a la normalidad, se equivocaron y pueden volver a equivocarse, y esta vez puede ser la última.
Este año los errores se pagarán, no hay excusas, hay responsabilidades.
Si el Doctor Dalmiro Garay prometió terminar con el expediente papel y dio fecha, asumió un compromiso ante la sociedad y ahora es responsable de que cumplir.
Se terminaron los tiempos de discursos, de promesas sin cumplir, de hacer política, mala política, el Poder Judicial debe dar el ejemplo.
Carolina Jacky