Cuatro puntos cardinales para una transición justa
Los aspectos a tener en cuenta para la implementación de medidas de protección socio-ambiental y de reactivación económica
Para Comisiones Obreras, la organización sindical que más delegadas y delegados tiene en las empresas de España, la transición justa tiene cuatro pilares. El primero es articular medidas de protección social para los trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectados por los procesos de transición energética y ecológica.
Esos procesos están determinados por los compromisos adquiridos, como el del Acuerdo de París, para reducir el impacto ambiental en el planeta ocasionado por un modelo de desarrollo económico basado en el uso masivo del consumo de combustibles fósiles, tanto como fuente de energía como de materia prima para su transformación, en centenares de miles de productos que están insertados en nuestra forma de vivir y de producir, y que si queremos sobrevivir como especie deberemos cambiar. Las alarmas que ya representan las consecuencias medioambientales de este modo de crecimiento son un indicador sobre el que hay que actuar ya.
Sin embargo, esto no puede ser una excusa para que los damnificados sean trabajadores. En demasiadas ocasiones vemos cómo las empresas han utilizado excusas para volcar las consecuencias de los procesos de actuación en el empleo y las condiciones de trabajo de sus empleadas y empleados.
El segundo aspecto es que hay que prepararse para cuando estas situaciones se vayan produciendo, anticipándose y aprovechando el tiempo para capacitar y formar a las trabajadoras y trabajadores en los requerimientos de las nuevas actividades y empresas que se vayan creando al calor de los compromisos de reactivación económica de las zonas afectadas. Pero no sólo hay que preparar líneas de financiación para la promoción de actividades e intensificar la colaboración pública con las empresas para favorecer la investigación, desarrollo e innovación orientados a la transición ecológica de las actividades, facilitando la creación de incubadoras y centros que aprovechen las oportunidades que conlleva esta nueva reorientación del modelo productivo.
En definitiva, hay que desarrollar políticas que vayan orientando estas transiciones y den esperanzas de futuro a las trabajadoras y trabajadores afectados y a las zonas territoriales donde se dan estas instalaciones, en muchos casos muy dependientes de ellas para su desarrollo vital tanto la población como las administraciones, sobre todo municipales.
En buena medida, el éxito de la implementación de medidas de protección social y reactivación económica depende del tercer aspecto. El tercer punto cardinal de la transición justa es la planificación. No se puede estar respondiendo de manera acelerada o precipitada dependiendo de cómo nos vayan sobreviniendo los problemas, ese modo de reacción está abocado al fracaso en la mayoría de las ocasiones. Ni tampoco impedir el desarrollo de medidas o compromisos dependiendo de los intereses políticos del partido gobernante de turno.
En España lo sabemos bien con el impuesto al sol, que instauró el Partido Popular, que ha supuesto un lastre para el desarrollo de la energías renovables en un país donde lo que no escasean son horas de sol.
La planificación requiere de compromisos políticos en forma de leyes que garanticen que las políticas públicas y las inversiones públicas y privadas tengan la certeza de la seguridad en sus inversiones, que se amortizará en el medio y largo plazo, sin sustos ni aspavientos.
En el caso de la inversión pública, me parece reseñable resaltar a modo de experiencia la determinación de la Comisión Europea con la transición energética y ecológica que se refleja en el Pacto Verde Europeo, una apuesta medioambiental y económica para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Esta decisión política y sus objetivos se vinculan con el Fondo de Recuperación y Resiliencia Europeo post-Covid19, Next Generation EU, que condiciona una parte muy importante de estos fondos a medidas vinculadas con la transición energética y ecológica. Lo cual consideramos que es una oportunidad única para impulsar este cambio en nuestro país.
El último punto que reclama Comisiones Obreras es una gestión escrupulosa para la transición justa, exigiendo que se establezcan los mecanismos y controles públicos necesarios para garantizar una gestión eficaz, eficiente y transparente de estos fondos, sean europeos o nacionales. Que se garantice tanto la idoneidad del gasto económico como en la calidad de los proyectos a financiar que deben ajustarse a los criterios establecidos por la Unión Europea y repercutir en un futuro más sostenible. Desgraciadamente tenemos muchos ejemplos donde, en otros momentos, las cosas no han funcionado así.
Héctor Ariño
Periodistaobservador@yahoo.com.ar.