Derechos y Garantías recibió a los titulares de OSEP y de la Defensoría de Personas con Discapacidad

Los integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Sosa (FdT-PJ), recibieron vía zoom al presidente del Directorio de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), Carlos Funes, y al Defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, para hacerse de información relacionada a las prestaciones vinculadas a las personas con discapacidad, entre otros temas.

Dentro de este marco Funes explicó el funcionamiento del sistema de transporte y prestaciones a discapacitados, la cartilla de prestadores y el nomenclador, y se explayó en la utilización de los recursos y el financiamiento de la Obra Social.

Respecto de los traslados de las personas con discapacidad hacia los lugares de rehabilitación dijo que si bien ha habido algunos inconvenientes, a partir de septiembre estarían solucionados.

También señaló que se realizan convenios con nuevos centros terapéuticos indicando que “tenemos la cartilla pero aparte, hay lugares específicos categorizados en toda la provincia para que pueda ir la persona con discapacidad”.

Señaló que “los afiliados pueden ver la cartilla automatizada en la web de OSEP” y dijo que “el afiliado que está empadronado y tiene discapacidad cuenta, también, con la orientación que le aconseja la obra social”.

Al referirse al presupuesto de la obra social a su cargo indicó que “la pandemia exigió aportes adicionales no previstos”. Esta situación, agregó, “nos llevó a sumar camas de terapia intensiva en el hospital El Carmen pasando de 16 que teníamos a 42, hemos hisopado de lunes a lunes, armado consultorios de seguimiento telefónicos y presenciales, el presupuesto ha sido afectado pero hemos estado pendientes de la gente contagiada. No han sido momentos fáciles”.

Para el caso del presupuesto con el que cuenta la obra social, legisladores consultaron por su composición y cómo se ejecuta el gasto. Funes, junto a colaboradores, indicó que el 73% de los recursos provienen a partir de los aportes de los afiliados activos; un 16% de pasivos; voluntarios un 9%; y un 2% provienen de ingresos varios (como coseguros de laboratorios o prestaciones que realiza la obra social).

De ese volumen de recursos “el 34% se lo lleva medicamentos” se aseguró; un 25% son prestaciones asistenciales; entre 22-23% está destinado al recurso humano; un 9% son destinados a insumos; 4% para gastos de funcionamiento; y alrededor de un 3% para subsidios (incluidos los del transporte).

Para el caso específico de la prestación de servicios de transporte, y ante la consulta de los controles sobre este gasto, se mencionó que se ha solicitado siempre a las familias de la persona con discapacidad una Declaración Jurada y la mención de la institución a la cual se traslada a la persona. Se observaron irregularidades en este sentido, por lo que OSEP realiza hoy un minucioso trabajo sobre los kilómetros realizados por los transportistas y asegurando el servicio de salud que se presta.

Luego de agradecerle la predisposición y comprometer al equipo de OSEP para futuros encuentros, se recibió a Juan Carlos González, a quién se le consultó por temas inherentes a ciertas presentaciones de particulares en la comisión y a las que el funcionario podría dar respuestas.

El Defensor de las Personas con Discapacidad sostuvo que la Defensoría, “no actúa de oficio sino por denuncias“, y que en el caso específico del tema que lo convocó, “como el caso está judicializado la defensoría ya no tiene competencia”.

Informó además que “el 50 por ciento de los casos que entran en la órbita de la defensoría tienen que ver con salud y con la falta de cobertura al 100 por ciento que las obras sociales están obligadas a prestar”.

Remarcó asimismo que desde su área “se interpusieron recursos de amparo contra la quita arbitraria de pensiones por discapacidad y la demora en su otorgamiento, en otros casos”.

González detalló el funcionamiento de la Defensoría desde que asumió él en la titularidad y sostuvo que no había manuales de procedimiento para su actuación puesto que se constituyó como la primera del país y tomó como modelo las defensorías del pueblo, por ejemplo, para su funcionamiento.

En este caso, González aclaró que realizan un “triage” de los casos que se presentan, y desde allí se define la participación o competencia de la Defensoría sobre los casos expuestos.