Diputados analizaron el texto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial
Con la presencia de funcionarios del Poder Judicial y de Gobierno, diputados que integran la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, examinaron el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia que tiene media sanción del Senado y que busca solucionar los problemas más comunes a los ciudadanos.
El subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino, el ministro de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, y la camarista de la Tercera Cámara del Trabajo y Laboral, Inés Rauek de Yanzón, explicaron los principales alcances de la norma ante los legisladores, que también tiene que adaptarse al código nacional.
Los puntos más importantes de la norma es que busca agilizar los procesos civiles como el cobro de alquileres, cheques, tarjetas de créditos, inmuebles, sucesiones que en la actualidad se demoran de tres a cinco años; se incorpora la oralidad, no en la etapa inicial, sino en la segunda etapa, el de prueba; hay menos incidencias recursivas y se acelera el proceso. También está contemplado el beneficio de litigar sin gasto y los procesos de consumo, relacionados directamente con la Ley de Defensa al Consumidor.
El subsecretario Marcelo D’Agostino indicó que “esperamos que pueda estar en vigencia a partir del primer día hábil del 2018. Es un proyecto innovador, donde se incorpora básicamente la oralidad al sistema de procedimiento civil que hoy es absolutamente escrito, entre otras incorporaciones como la adaptación a algunos institutos que se establecen en el Código Civil que está en vigencia desde 2015. No requerirá mayor presupuesto, lo que se hace es una reestructuración y como se incorporan audiencias orales, la mayoría de ellas van a ser realizadas en los despachos de los jueces, y además, se incorporan las videograbadoras”.
Cabe destacar que el funcionario indicó que “para llevar adelante la primera etapa, cuentan con $5.000.000 y habrá recursos para capacitación y para adecuar los espacios necesarios para poner en práctica los procesos. El Ministerio de Justicia de la Nación nos va a aportar los fondos necesarios, sin que tengamos que devolverlos, a los efectos de la compra de estos elementos para poder hacer las audiencias”.
En definitiva, lo que se está incorporando, más allá de que hay que adaptar institutos, es la oralidad: hoy un juicio civil dura aproximadamente 5 años y nosotros pensamos acortarlo a no más de uno, porque se van a establecer audiencias orales. Es lo más relevante, sostuvo D’Agostino.
Por su parte, Jorge Nanclares señaló que este Código Procesal Civil “viene de un consenso, con una comisión de expertos, integrada por los distintos estamentos. El proyecto fue a las cuatro circunscripciones para que se le hagan aportes, ya que su implementación está prevista para toda provincia”.
“Yo integré la comisión redactora del Código, y tenemos muchas expectativas de que tengamos nuevo Código Procesal Civil y a partir de allí, una disminución sensible de los procesos civiles, que ese es el propósito. Tenemos fundadas esperanzas que podamos reducir los términos de los juicios. Los juicios que son simples se tienen que resolver en 3 o 4 meses, y los juicios que sean complejos, deberían resolverse en no más de un año y medio”, agregó.
El funcionario judicial destacó que “hay que aprobarlo, ponerlo en funcionamiento, los primeros meses tendremos una etapa de transición, por lo que estimo que en dos años ya vamos a ver realmente el funcionamiento real. Lo importante es que ya el año que viene cuando esté en vigencia podamos ver los primeros procesos con el nuevo Código que se resuelvan dentro del año”.
Al término de la reunión el presidente de la comisión de LAC, el diputado Jorge Albarracín (UCR), se mostró satisfecho “porque fueron respondidas las inquietudes de los legisladores”. Con respecto a la norma destacó “el proceso para acelerar todo lo relacionado con el consumo, que son instancias cotidianas para los ciudadanos. La oralidad y la adaptación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la protección a los menores en la representación cuando hay intereses de orden económico en los procesos de familia. A estos hay que agregarle lo relacionado con la vía electrónica, firma digital, expediente electrónico y notificación”.