El desafío que lanza la ONU para “desmantelar el racismo sistémico” contra los afrodescendientes
El 85% de las muertes “relacionadas con la policía” en Estados Unidos, Francia, Brasil, Reino Unido y Colombia, “intervienen de manera recurrente prejuicios, estereotipos y perfiles raciales”.
El asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de 2020 en Estados Unidos, generó una ola mundial de protestas, “que representan un hito en la lucha contra el racismo”. Motivó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitara a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, elaborar un informe, que “establezca un mecanismo especifico con plazos definidos”, para fomentar “la rendición de cuentas y la reparación”. Anticipo de su contenido que se debatirá este lunes en Ginebra.
El documento será entonces discutido por 47 Estados miembros de este Consejo, en el que pueden participar en pie de igualdad los demás países de los 193 que constituyen Naciones Unidas. Define “el carácter sistémico del racismo que afecta la vida de los africanos y afrodescendientes”. Y ”adelanta la necesidad de hacer frente al pasado para garantizar condiciones de vida futuras que preserven la dignidad y los derechos de todos de forma inmediata y universal”.
El objetivo de la agenda propuesta por Bachelet es “revertir las culturas de la negación”, acelerando “el ritmo de la acción”. Busca “un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales”, para “poner fin a la impunidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas” en perjuicio de los africanos y afrodescendientes, “y subsanar el deficit de confianza” por “el uso excesivo de la fuerza” contra ellos. La Alta Comisionada sentenció que “se han formulado volúmenes de recomendaciones. Ahora hay que actuar”.
El texto examina “el cúmulo de desigualdades que enfrentan los africanos y afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida como consecuencia de su marginación y de la falta de igualdad de acceso a las oportunidades, los recursos y el poder”, y “la necesidad largamente postergada de hacer frente a los legados de la esclavitud, la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo y de procurar una justicia reparadora”. Exhorta asimismo a escuchar “las voces de aquellos que luchan contra le racismo”.
Centrándose en el análisis de unos 250 ”incidentes” trágicos, Bachelet subrayó “las manifestaciones del racismo sistémico en el mantenimiento del orden” y las conductas de los agentes de las fuerzas de seguridad, “cuyo resultado más evidente e irreversible ha sido la muerte de la víctima”, junto a “la ausencia sistemática de rendición de cuentas y reparación”, ante lo cual se impone “lograr un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales de los africanos y los afrodescendientes en todo el mundo”.
La ex-Presidenta de Chile definió al “racismo estructural e institucional” que impera principalmente en Europa, América Latina y América del Norte, como “el funcionamiento de un sistema complejo e interrelacionado de leyes, políticas, prácticas y actitudes en las instituciones del Estado, el sector privado y las estructuras sociales que, combinadas, dan lugar a una discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia, directa o indirecta, intencionada o no, de hecho o de derecho, por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico”.
Sostuvo además que, “con frecuencia, el racismo sistémico se manifiesta en forma de estereotipos raciales, prejuicios y sesgos generalizados, y tiene sus raíces en las historias y legados de esclavitud, la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo”, un legado histórico que se ha reforzado “mutuamente durante generaciones, a lo largo de ciclos de desigualdades estructurales, y han afectado el disfrute de los derechos humanos en todas las esferas de la vida”.
Esta “rigurosa marginación socioeconómica y política” en detrimento de los afrodescendientes en “muchos Estados”, los expone a vivir mayoritariamente en la pobreza, “o de ser vulnerables a ella, verse afectados por tasas de desempleo desproporcionadamente altas, percibir salarios más bajos y ocupar empleos de menor calificación”, o “carecer de una vivienda adecuada y vivir en barrios segregados, desfavorecidos y peligrosos”.
Bachelet citó como base legal en el sistema de promoción y protección de los derechos humanos de la ONU en la materia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la más antigua de los instrumentos vinculantes de la organización supranacional, aprobada por la Asamblea General el 4 de enero de 1969, que jugara un rol significativo en la lucha internacional contra el apartheid en Africa del Sur.
Afirmó que los afrodescendientes “también afrontan obstáculos para acceder en igualdad de condiciones a una educación y una atención de la salud de calidad”, sufren “mayores niveles de analfabetismo y abandono escolar”, y soportan “discriminación en los centros de enseñanza”. Sus tasas de mortalidad “son más elevadas en todas las edades”. Con ello observó “desigualdades estructurales de larga data en materia de salud”, actualmente agravadas por la pandemia del COVID-19.
Denunció la “racialización de la pobreza, la disparidad en el disfrute de los derechos económicos y sociales que se ve agravada por la insuficiente participación y representación efectiva de los afrodescendientes en los procesos de adopción de decisiones y en la vida pública”. Puso el ejemplo que en los Estados Unidos, “algunos afrodescendientes se ven privados del derecho al voto debido a medidas que los afectan de forma desproporcionada, como las que niegan ese derecho a las personas que han sido condenadas por delitos graves”.
Reveló paralelamente la existencia de una “interseccionalidad o la combinación de varias” particularidades “como el sexo, el genero, la orientación sexual, la identidad de genero, la nacionalidad, la situación migratoria, la discapacidad, la religión y la situación socioeconómica, entre otras”, que ponen a los afrodescendientes “en una encrucijada de desigualdad” múltiple, debido al origen racial o étnico, y a ”estereotipos de genero perjudiciales”, deshumanizándolos.
La Alta Comisionada fustigó “la violencia y el odio por motivos raciales, incluido el discurso de odio”, que “son instrumentos de estrategias de extrema derecha y populistas que se basan en ideologías superemacistas”. A su vez lamentó que “la recopilación, el análisis y el empleo de datos desglosados por raza u origen étnico, entre otras cosas sobre el efecto de las leyes, políticas y practicas en determinados grupos raciales o étnicos, sigue siendo la excepción, no la norma”.
Deploró igualmente “la persistente asociación perjudicial y degradante de la negritud con la criminalidad y la delincuencia” que al propio tiempo “determinan las interacciones de los afrodescendientes con los agentes del orden y el sistema de justicia penal, mencionando estadísticas recogidas recientemente, refiriendo que en Estados Unidos “los afroamericanos constituían el 13% de la población, (pero) representaban el 26% de las detenciones en 2019”, integrando a su vez en 2020 “el 28% de las personas que la policía dio muerte, el 41% de los condenados a la pena capital, y en 2018 el 33% de los reclusos”.
Añadió que para esas fechas en Gran Bretaña se daban “6 controles policiales por cada 1.000 personas blancas”, constatándose “54 por cada 1.000 negras”, al tiempo que en Canadá “una persona negra tenía casi 20 veces más probabilidades que una blanca de verse involucrada en un tiroteo mortal”, mientras que en 2016 “los hombres jóvenes que parecían árabes, del Magreb o negros, tenían 20 veces más probabilidades de ser sometidos a controles de identidad” en Francia.
Consignó por último que durante 2019 una oenege verificó que “en dos barrios de Bogotá, las personas de piel oscura tenían más de 2,5 veces más probabilidades de tener trato con la policía y ser detenidas y multadas”. Y “según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la tasa de mortalidad en 2019 por intervenciones policiales fue un 183% mayor en el caso de los afroescendientes que en el de los blancos”
Michelle Bachelet concluyó que “el racismo sistémico persiste, en gran parte, debido a la idea errónea de que la abolición de la esclavitud, el fin de la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo, junto con las medidas adoptadas por los Estados hasta la fecha, han eliminado las estructuras de discriminación racial establecidas por esas prácticas y han creado sociedades igualitarias”.
La “puesta” en marcha “de la agenda transformadora” que preconiza la Alta Comisionada, conlleva la oferta de “asistencia técnica” para los Estados que lo pidan. A tal efecto se apoya en cinco principios: revertir las culturas de negación del racismo sistémico, poner fin a la impunidad de los agentes del orden, atender las preocupaciones de los afrodescendientes, propiciar la rendición de cuentas, y generar “diálogos nacionales” que se traduzcan “en planes de acción y medidas concretas”.
En Ginebra, Juan Gasparini