El gobierno venezolano justificó el cierre de la Oficina de la ONU en Caracas

El gobierno presidido por Nicolas Maduro defendió en Ginebra el cierre de la Oficina del Alto
Comisionado en Caracas, con la expulsión de sus 13 miembros, quienes continuan su labor
monitoreando desde Panamá. El debate incluyó la presentación de un nuevo informe de la
«Misión Internacional independiente de determinación de los Hechos en Venezuela», integrada
por 3 expertos independientes, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019.

«Es muy lamentable que el equipo de la Oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de
imparcialidad, llevando a cabo aciones impropias favoreciendo grupos golpistas y terroristas, en
contravención del acuerdo que lo regulaba», afirmó el embajador de Venezuela, Alexander Yánez.

El documento es secreto, y su contenido se desconoce. Alimenta sin embargo la intriga en las
labores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, máxima autoridad mundial en la materia.

«El pronunciamiento de la Oficina que motivó la cesación de funciones en Venezuela, estaba en
perfecta correspondencia con el relato de los sectores más radicales de la oposición venezolana
… justamente aquellos que planificaban o tenían comprobada participación en el asesinato del
Presidente de la República», agregó el embajador Yánez, sin aportar ninguna prueba.

El Alto Comisariado que dirige Volker Turk, rechazó la acusación por «incompatible con la carta
de entendimiento acordada por el Gobierno» venezolano y su personal enviado a Caracas, «como
base para nuestra presencia». Ginebra mantiene no obstante la esperanza de «reanudar pronto
plenamente su labor al servicio de la población venezolana … en el respeto mutuo, y el dialogo
franco y transparente, en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina».

Se pronunciaron en apoyo Argentina, Canada, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, y oeneges.

A continuación las deliberaciones prosiguieron en la sede de la ONU en Ginebra en torno a la
«actualización oral», de la Misión de 3 expertos antes consignada, desde el informe anterior de
septiembre de 2023 hasta hoy. Explicaron que la represión en Venezuela «funciona a través de
dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las
voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea
un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales».

Teniendo como referencia que «el 1 de marzo de 2024 la Sala de Apelaciones de la Corte Penal
Internacional (CPI) confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre
crímenes de lesa humanidad», las autoridades venezolanas y la oposición, habían con
anterioridad pactado «la celebración de las elecciones presidenciales previstas» para el 28 de
julio próximo, y «promover un proceso electoral pacífico y participativo».

El acuerdo precedió la liberación de 5 presos, «detenidos arbitrariamente» los cuales «siguieron
enfrentando procesos penales». El partido de la oposición «Vente Venezuela» eligió como
candidata a María Corina Machado, pero «un diputado de un partido afin al gobierno pidió la
nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral». La Fiscalía General «anunció una
investigación penal por traición a la patria y asociación para delinquir».

El «Tribunal Supremo de
Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo las primarias», y luego inhabilitó a Machado.

A su vez, el 3 de diciembre de 2023, el gobierno convocó a la población a «un referéndum
consultativo» para apoyar la reivindicación sobre la «Guyana Esequiba». Entonces «el Fiscal
General» lanzó pedidos de captura contra 14 personas, entre ellos « varios lideres políticos en el
exilio, 3 miembros del Comité Nacional de «Vente Venezuela» y el Presidente de la ONG
«Súmate», detenido «y excarcelado semanas después con medidas alternativas».

A continuación, la Misión recuerda que, «como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan
«conspiraciones » reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o
criticas al gobierno». Añade que «de 25 venezolanos excarcelados por el gobierno, entre octubre
y diciembre del 2023», 16 de los mismos fueron mencionados por la Misión en informes previos
como víctimas del violaciones de los derechos humanos».

Al despedir el año 2023, «el Presidente Maduro señaló haber desactivado 4 conspiraciones para

organizar golpes de Estado o para asesinarlo». Pidió en respuesta activar la «Furia Bolivariana»,

algo similar a lo acontecido en 2020.

Al iniciar 2024, la Misión informa que «el Fiscal General dio a conocer una conspiración que
denominó «Brazalete Blanco», atribuyéndole también como objetivo «asesinar a Maduro y otras
personas». Al tiempo, «el Ministerio de Defensa publicó una lista de 33 militares que fueron
degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusados de estar
implicados en varias conspiraciones», preludio de una «nueva ola de detenciones» de
sindicalistas, exilados, opositores y 1 militar: 14 en total.

Conmovió la detención «sin orden judicial» de «la destacada defensora de derechos humanos y
experta en temas de seguridad», Rocío San Miguel, el 9 de febrero último en el Aeropuerto de
Maiquetía, cuando se disponía a viajar al exterior…..con detenciones paralelas de su hija y 4
familiares.

Todos fueron presentados ante un juez el 13 de febrero, «superando el plazo de 48
horas establecido por la ley». Estaban secuestrados en El Helicoide, «uno de los centros de
tortura ya documentado» por la Misión. El 15 de febrero, la Oficina de la ONU en Caracas
denunció el caso en un tweet, reclamando «garantías procesales, incluido el derecho a la
defensa», tal vez la causa, en represalia, del cierre de dicha Oficina de la ONU en Caracas.

Ademas de Rocío San Miguel, «la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que
permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en «conspiraciones»,
que según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años».
Se añaden las detenciones de 6 miembros del movimiento opositor, «Vente Venezuela», 4 de los
cuales continuan encarcelados. A juicio de la Misión, tales hechos restringen «el espacio cívico y
democrático cada vez más frágil».

«A partir de finales del 2023, ha aumentado la represión, con arrestos arbitrarios, desaparición
forzada y la incomunicación de personas, que si bien antes ocurrían, ahora se agudizan con las
desapariciones por varios días, incluso semanas. A ello se suma el incremento del número de
presos políticos. Se une a esto la criminalización hacia organizaciones de la sociedad civil,
previsto por el proceso de aprobación de la ley de fiscalización de oeneges, que de aprobarse,
significaría la ilegalización de las mismas, afectando a millones de personas beneficiarias de la
labor que estas hacen en el ámbito humanitario y de derechos humanos», estimó Alí Daniels, de
Acceso a la Justicia, desde Venezuela.

«Continuan las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. En un año electoral como este,
avanza el cierre del espacio público. La situación de los derechos económicos y sociales debe
ser atendida. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe apoyar con firmeza el regreso de
la Oficina del Alto Comisionado, y en septiembre próximo renovar el mandato de la Misión
Internacional independiente de determinación de los Hechos», concluyó el Programa Venezolano
de Educación Acción de Derechos Humanos, PROVEA, con sede en Caracas.

Desde Ginebra, Juan Gasparini