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Opinión

Financiar combustibles fósiles: un camino sin futuro

Argentina no hizo ninguna mención a una transición energética seria, que reoriente recursos públicos hacia Vaca Muerta para generar energías limpias y socialmente justas
El histórico informe publicado recientemente por los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) debería haber hecho sonar las alarmas de los gobiernos respecto a la urgencia de adoptar medidas ambiciosas para reducir las emisiones globales. Pero en Argentina todavía no hemos visto ninguna mención a una transición energética seria, que incluya acciones como la reorientación de los recursos públicos dirigidos a Vaca Muerta hacia proyectos de generación de energías limpias y socialmente justas.

Si sirve de inspiración, una reciente victoria del movimiento ecologista en Brasil demuestra que, en estas geografías, e incluso bajo gobiernos insensibles a los hechos científicos, la presión ciudadana puede llevar a un uso coherente de los impuestos, orientado a respetar a la vida y las comunidades.
En julio de 2021, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la institución financiera pública y el mayor financiador de obras de infraestructura en Brasil, anunció que dejaría de financiar centrales térmicas de carbón.

Por varias razones, este logro fue celebrado por miembros de la sociedad y organizaciones que llevan años presionando al BNDES para que mejore sus políticas socio ambientales. En primer lugar, porque llega en medio de una crisis hídrica que ha reducido la capacidad de Brasil de generar energía a través de centrales hidroeléctricas, responsables de casi dos tercios de la electricidad producida en el país. Como compensación, el gobierno ha estado utilizando centrales termoeléctricas de gas y carbón, que encarecen mucho la factura para los consumidores y aumentan las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.

Para colmo, una medida provisional defendida por Bolsonaro y sus aliados, y aprobada hace unas semanas, obliga al gobierno federal a contratar, durante 15 años, la energía generada por las termoeléctricas en gran parte del territorio nacional. La escasez de lluvias, que puede hacerse más frecuente debido al cambio climático, junto con la obligación de contratar centrales termoeléctricas, representan una amenaza para la matriz energética “relativamente limpia” de la que Brasil tanto presume. Una decisión como la del BNDES gana peso en este momento, ya que contrarresta con estas decisiones políticas sobre el clima absurdas y desalienta el uso del carbón.

Otra razón que genera entusiasmo respecto a la medida de la banca pública proviene del volumen de recursos que controla la institución. Una encuesta realizada por 350.org, la ONG que trabaja por la transición energética en Brasil, Argentina y muchos otros países de la región, mostró que solo entre 2009 y 2019, el BNDES ha destinado el equivalente a más de 17.000 millones de dólares a emprendimientos en los sectores del petróleo, el gas y el carbón. No cabe duda de que el BNDES puede influir en los rumbos de la economía de la nación, por lo que la decisión fue muy bien recibida, aunque la empresa necesite urgentemente restringir también el crédito al petróleo y al gas y la eliminación del carbón de su cartera aún llegue tarde.

El trabajo de los ecologistas fue fundamental para lograr este resultado. Desde hace más de una década, las ONG, los pueblos originarios y las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el BNDES (que incluyen también a las centrales hidroeléctricas que podrían generar graves impactos socioambientales) exigen que el banco respete los derechos de las poblaciones más vulnerables y sea transparente en sus criterios de inversión. En los últimos años, la demanda de que los bancos en general y en especial el BNDES, por su carácter de institución pública destinada al desarrollo social, dejen de financiar los combustibles fósiles y las actividades que causan la deforestación, no ha dejado de aumentar.

En este sentido, una medida acertada ha sido la publicación anual de la Guía de Bancos Responsables. Esta es una iniciativa de la organización Fair Finance International, coordinada en Brasil por el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), que evalúa y publica el desempeño de los mayores bancos en términos de criterios socio ambientales. Otras acciones también se han hecho muy visibles. En 2020, 50 organizaciones de diferentes perfiles firmaron una carta abierta en la que se pedía al banco, entre otras cosas, que centrará su política crediticia en medidas para una recuperación justa en la post-pandemia, un concepto que abarca la necesidad de cambiar la matriz energética.

También en 2020, 350.org llevó a cabo una protesta creativa frente a la sede del BNDES en el centro de Río de Janeiro, en la que llamó la atención sobre la necesidad de poner fin a los préstamos a sectores energéticos obsoletos y sucios. Las imágenes de personas embadurnadas en tinta negra, en referencia a los vertidos de petróleo, y portando un cheque gigante, símbolo del dinero público despilfarrado en petróleo, gas y carbón, coparon los sitios web de noticias y contribuyeron a demostrar que los flujos financieros pueden y deben ser una nueva frontera en la lucha de los movimientos latinoamericanos por unas mejores condiciones de vida para toda la sociedad.

Centrándonos de nuevo en el escenario argentino, esperamos que la decisión del BNDES sirva como ejemplo por partida doble. Para los gobiernos federales y provinciales, el mensaje es que no hay más tiempo para posponer el fin de la era de los combustibles fósiles. El mayor banco de desarrollo de Sudamérica ya ha rechazado el carbón, lo que es un claro indicio de la inviabilidad de este tipo de combustible. Debemos recordar siempre que las movilizaciones y campañas pueden marcar la diferencia. Los argentinos merecemos que los recursos que salen de nuestro esfuerzo ayuden a hacer de este país un lugar más justo y adaptado al futuro que nos espera.

Héctor Ariño
Periodistaobservador@yahoo.com.ar.

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