La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que pena la corrupción empresaria

Luego de un intenso debate, en el que hubo acusaciones, chicanas y reproches, la Cámara de Diputados aprobó la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que había pedido Mauricio Macri para ingresar a la OCDE.

La norma, impulsada por Cambiemos, tuvo el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y del bloque Justicialista de Diego Bossio. El Frente para la Victoria se abstuvo y la izquierda votó en contra. El resultado fue 141 a favor, 6 en contra y 31 abstenciones.

Desde el oficialismo el discurso fue el mismo entre todos los diputados. La primera en hablar fue Burgos, quien pidió que esta ley sea «un primer paso» para que la Argentina «no haga corrupción con las personas jurídicas». Y mencionó los casos de Julio De Vido y Amado Boudou, ambos detenidos por defraudar al Estado con ayuda de empresas. «Es una nueva época para luchar contra este flagelo», aseguró.

Por su parte, Daniel Lipovetzky también recordó los hechos de corrupción del kirchnerismo y expresó: «Ese dinero es de la gente y se pudo haber usado para la gente y no para llenar los bolsillos de funcionarios».

Quienes anunciaron que el FPV se abstendría fueron Carmona y Tahilade. El primero bautizó a esta iniciativa como «ley OCDE» y denunció que es «preocupante la dinámica y la lógica del Gobierno». Y completó: «El texto es insuficiente para combatir la corrupción. Es un pacto de impunidad para funcionarios y sus empresas».

Por el lado del Frente Renovador, que acompañó en la votación en general pero mostró reservas en lo particular, Brügge sostuvo que «la ley es imperfecta» por lo que «mucho no se va a poder aplicar». Y aprovechó para reivindicar dos pedidos del massismo: la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción y la extinción de dominio, una norma que tiene media sanción pero que el Senado aún no debatió.

López, de la Izquierda, explicó que su bloque rechazaría el proyecto porque «no combate la corrupción» y porque «los cambios del Senado no modifican el salvataje a las empresas que se beneficiaron con la corrupción». Con fuertes críticas, sentenció: «Es la ley y la trampa en un solo texto».

El texto de la norma contempla que los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas prescriben a los seis años y las multas serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa. Y los delitos que abarca son cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances.

Otro punto clave es la figura de «colaborador eficaz», similar al arrepentido, en donde la empresa se puede comprometer a brindar datos precisos y útiles para avanzar con la causa. A cambio, se les reduce la pena. Aquí se eliminó el famoso «artículo Odebrecht», que permitía a los acusados realizar con el Poder Ejecutivo «acuerdos administrativos» para dar información sin intervención de la Justicia. La oposición lo rechazó de plano.

Relacionado a esto, otra manera en que la empresa puede eximirse de la pena es si son ellos quienes detectan el delito y no el Estado o si implementan un programa de integridad o «compliance»

Ley de pueblos originarios

Previo a que comience el debate para aprobar la ley que pena la corrupción empresaria, la Cámara de Diputados sancionó una prórroga a la ley que prohíbe desalojar a los pueblos originarios (26.160), que ya tenía media sanción del Senado.

Este proyecto tomó mucha importancia a partir de la desaparición de Santiago Maldonado,  tras un operativo de Gendarmería en tierras mapuches.

La votación fue por unanimidad con 214 votos a favor y ninguno negativo. La prórroga es hasta el 23 de noviembre de 2021.

La norma, sancionada en 2006, suspendió los desalojos por cuatro años a la espera de un relevamiento catastral que nunca se terminó y fue prorrogada en dos oportunidades, pero lo dispuesto en el texto vence el 23 de noviembre próximo, razón por la cual el Congreso volvió a extender el plazo.

La norma, vigente hace once años, busca que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalice el relevamiento catastral.

«Esperemos que esta sea la última prórroga, porque los pueblos originarios están esperando tener la certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan», sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, que abrió el debate.

Según el INAI, hay 1532 comunidades indígenas identificadas, pero sólo 459 tienen el procedimiento terminado.

Sobre esto, Lipovetzky sostuvo que «el mayor retraso» en el relevamiento catastral se registra «en las provincias que tienen mayor conflictividad territorial».

Asimismo, el diputado de la izquierda socialista Juan Carlos Giordano criticó duramente a Patricia Bullrich y a Miguel Ángel Pichetto, a quienes, en referencia a lo sucedido con Santiago Maldonado, tildó de que consideran tierra sagrada a «la tierra de Benneton». También apoyó la prórroga para que «cesen con el hostigamiento y la persecución» a las comunidades originarias.