La Justicia prohibió a la Universidad de Chile vender servicios al Estado por dos años
En los últimos cinco años, la casa de estudios realizó ventas al Estado por casi $ 39 mil millones y en lo que va de este año recibió casi $ 3 mil millones.
El fallo judicial fue ratificado en mayo por la Corte Suprema y trae como consecuencia para la institución la prohibición de celebrar contratos con el Estado por un plazo de dos años, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley de Compras Públicas.
Entre los servicios que la universidad no podría seguir prestando figuran actividades como capacitaciones y cursos cerrados para el sector público, de manera directa o a través del Hospital Clínico, y la realización de estudios de diversa índole, como, por ejemplo, de impacto medioambiental o de salud, mediante el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (Inta).
Desde la universidad, extraoficialmente, precisan que esto no afecta el funcionamiento de la docencia o investigación, ya que dichas materias están financiadas a través de la Ley de Presupuestos. Sin embargo, se estima, preliminarmente, que la situación podría mermar las finanzas del plantel hasta un 2%. Hay otras áreas y servicios que no se verán afectadas, como el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), del cual depende la PSU, o el Centro Sismológico, que también están fijados a través del presupuesto.
Según el diario La Tercera, en los últimos cinco años, la casa de estudios realizó ventas al Estado por casi $ 39 mil millones y en lo que va de este año recibió casi $ 3 mil millones.