PARO DE JUDICIALES
En estos días hemos visto como distintos gremios han manifestado su disgusto por el trato que reciben del Gobierno de Mendoza.
A los reclamos del sector de la educación y la salud se ha sumado el de los empleados de la justicia provincial.
El Estado tiene la obligación de asegurarnos la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Estas son obligaciones de las cuales no puede dejar de atender.
Hemos visto como el Estado y sus gobernantes más allá de mostrar un Estado presente se han preocupado más en tener un Estado gerente.
Parece que a nuestros gobernantes les encanta jugar al “Estanciero”, y por eso invierten en IMPSA, una empresa privada que siempre vivió del Estado, que siempre transito los pasillos de la administración pública para conseguir contratos con los gobiernos de turno, y que ahora en manos de “Gerentes políticos” van a ayudar a que el Estado continúe olvidándose de sus obligaciones primarias.
En IMPSA (Industria Metalúrgica Pescarmona S.A.), una de las que apareció en los cuadernos, ya se nombraron Directores Políticos, ya están repartiendo cargos con suculentos sueldos.
Mientras esto sucede en IMPSA, y en otros emprendimientos donde se comprometen recursos del Estado, o se concesionan áreas de limpieza (Parque Gral. San Martín), tenemos a empleados de la salud, educación y de la justicia con sueldos que en nada se compadecen con el trabajo que estos brindan a la sociedad.
JUDICIALES DE MENDOZA
Cómo puede ser que entre los judiciales de Mendoza y los del Poder Judicial Federal existan diferencias salariales discriminatorias.
Cómo puede ser que por un mismo trabajo existan diferencias en el salario que agravian a aquellos que hoy se manifiestan por una Justa Recomposición Salarial.
Mientras en los Tribunales Federales se puede nombrar personal, ya hemos visto cómo funciona la “familia federal” la que con el Caso Bento tomó mayor estado público, en los Tribunales de la Provincia de Mendoza, dicen que no hay presupuesto para nombrar más empleados.
Desde la administración Cornejo el Estado Provincial decidió discriminar y maltratar a los empleados de aquellas áreas de la cual el Estado no puede apartarse, educación, salud, seguridad y justicia.
No es un buen administrador de la cosa pública quien nos presenta como logros el no haber ampliado la planta de personal o reducir el gasto en esas áreas críticas.
Claro, dinero no falta para comprar IMPSA, tampoco para estar poniendo adoquines y bolardos en las calles de Mendoza.
No nos quejemos de las fallas en los servicios esenciales que debe brindar el Estado, sigamos teniendo empleados mal pagos y más caciques que indios, eso no importa, solo te afecta a vos, si a vos que vas en busca de justicia y tenes todo colapsado.
Todos estos sectores han tenido que seguir trabajando durante la pandemia.
Los judiciales desde sus casas, con su propia conexión de internet y su computadora, sin asistencia ni respaldo técnico ni psicológico.
Audiencias virtuales, sucesivos contagios por COVID19, poniendo el cuerpo y la salud psíquica para que todavía en 2021 no les sea reconocido su trabajo.
Hoy hay que decir que los empleados judiciales de la Provincia de Mendoza, tienen derecho a protestar e ir al paro, ellos no son culpables de que nuestros políticos les guste ser empresarios o que estemos viviendo una pandemia.
Su trabajo es esencial, el servicio de justicia es esencial, no olvidemos que estamos hablando de uno de los Poderes del Estado, aunque parece que se lo trata como la Cenicienta de la República.
Carolina Jacky