Patricia y mano dura

Por Luis Novaresio (*)

Patricia Bullrich convenció al presidente sobre la política denominada de «mano dura contra la delincuencia». No forma parte del pequeñísimo círculo de los ojos y oídos presidenciales pero el primer mandatario está encantado con su ministra en materia de Seguridad. En realidad, Bullrich no hizo ningún gran esfuerzo para que sus argumentos respecto de respaldar a las fuerzas de seguridad fueran tomados. Eso piensa el presidente y ella los expresa de una forma que le agrada.
La «Piba» cuenta con un no menor grado de resistencia entre sus colegas de gobierno. Hacia adentro de su ministerio, en voz baja, sus subalternos no son de prodigarle muchos elogios. Su número dos, Eugenio Burzaco, está en un nivel de exposición menos diez a raíz, es cierto, del affaire de su hermano con la AFA y la FIFA pero también por orden de Bullrich. Los que rodean al secretario de Seguridad, aseguran que todo el año pasado él trabajó y la que puso la cara en los medios fue su jefa. No sólo es Burzaco el que tiene vedada la palabra en público. Nadie más que ella suele aparecer ante los micrófonos.
No hay dudas de que a la ministra le agradan las cámaras de televisión y a los medios les sirve su presencia porque siempre «dice», como se explica en la jerga periodística. No es declarante de lugares comunes, se sabe. Responde a los mensajes de los periodistas, siempre. Es atenta y ágil para hacerlo. A veces esto trae sus complicaciones pero en otras ocasiones ha servido para marcar la cancha pública en materia de seguridad. Su habilidad mediática es indiscutida.
Excluyendo el episodio de Santiago Maldonado, que merecería un análisis por separado y con la lupa pormenorizada de la política, la ministra supo golpear en público, para imponer un tema, para luego sostener el debate. Así, afirmó hace un año que ante un piquete debían darse cinco minutos para desalojar la ruta y luego se actuaría desalojando por la fuerza. Esto, que jamás se cumplió, exacerbó las interrupciones de caminos de los grupos de izquierda pero, según los ojos presidenciales, hizo saber a la ciudadanía cuál sería la posición oficial al respecto.
Hace pocos días, con motivo del hecho protagonizado por el policía Chocabar de Buenos Aires, Bullrich aseguró que se ha cambiado el paradigma respecto de la actuación de los uniformados. En una reunión con el presidente y el ministro coordinador, la ministra le dijo que hay que pasar de una presunción indiscutible, siempre, contra la policía a la contraria: ante la duda, se presume legal lo actuado por la policía.
Macri dio su venia. Y la ministra propuso tratar este punto como una norma en la reforma del Código Penal argentino. Dejarlo por escrito en uno de los código de fondo parece demasiado. En el propio gabinete ya hubo resistencias. El titular de Justicia, Germán Garavano, ve con desconfianza los avances de su colega de Seguridad en las áreas jurídicas. A decir verdad, Bullrich es conocida por su poco afecto a las jurisdicciones y en pos de empujar su propuesta no escatima energías aunque invada espacios que no le son propios. Cuentan los que frecuentan los pasillos presidenciales que los ministros le ponen las quejas al jefe de Estado y él, prometiendo ocuparse, sonríe con cierta complicidad hacia su ministra.
Sin embargo, resulta interesante que se haya hecho emerger la discusión, dicho con la salvedad de que se escribe lo de interesante con el sabor amargo de una persona fallecida luego de la actuación de Chocobar. No hay dudas de que Cambiemos tiene paradigmas bien distintos a los sostenidos por el gobierno anterior. Hay un «signo de época» en muchos temas, como gustan decir los politólogos, una suerte de tono con el que se empieza a plantear una cuestión. Es que en la actividad pública, el que detenta el poder marca ese tono, ese signo. No lo impone per se. Pero le da un marco de enorme peso.
Hasta diciembre de 2015, el signo era la desconfianza y denuesto, a priori, de cualquier fuerza armada. Un viejo humorista de la gráfica decía que el kirchnerismo había logrado convencer de que cualquier uniforme, hasta el de un cartero, merecía el insulto. Néstor Kirchner aducía que a la exclusión violenta del sistema económico que había estallado en 2001 no se le podía contestar con más violencia desde el Estado. Atendible. Sin embargo, el paso de más de una década de pretendido progresismo convenció a las mayorías de que cualquier norma era represiva, cualquier sanción antidemocrática y que todo policía era un enemigo. Los hombres de derecho, y los jueces en especial, tendrán que dar cuenta en la historia ante semejante disparate de invocado abolicionismo de las normas. Salvo de las que les mantuvieron sus privilegios funcionales.Hoy se pretende iniciar el debate desde otro paraguas: las normas están para ser cumplidas y quien no lo hace tiene sanciones.
¿Un balazo por la espalda para alguien que huye es una sanción posible? Los signos de los tiempos crean espacios políticamente correctos. Eso es la marca cultural de un discurso estatal. Vigente todavía el tono de los tiempos anteriores, la respuesta a esa pregunta debería ser un no rotundo. Nunca un balazo. ¿Nunca? Un flagrante delincuente que huye armado con un cuchillo con el que casi asesinó a un transeúnte y recibe la voz de alto de la policía, el brazo armado del Estado, ¿admite una hipótesis (dice una hipótesis) distinta al «nunca»?
(*) Publicado en La Capital.