Prisión preventiva y embargo para los estafadores del PAMI
Son 9 y están detenidos desde setiembre. El fraude a la obra social de los jubilados ronda los $50 millones
juez federal Walter Bento procesó ayer con prisión preventiva a nueve integrantes de una banda integrada mayormente por mendocinos, acusada de defraudar al Estado mediante la obtención de tiras reactivas e insulina en nombre de afiliados del PAMI que, en los hechos, no consumían los productos. Según especificó en su momento el titular del organismo en nuestra provincia, Carlos Valcarcel, el daño patrimonial rondaría los $50 millones.
Los nueve procesados están detenidos y seguirán en esa condición mientras avanza la investigación.
Fue una compleja trama de estafas que quedó al descubierto con el procedimiento que se realizó en setiembre en la sucursal de la institución de calle Belgrano y se blanqueó así una investigación que surgió en 2013 con una denuncia del entonces titular, Eduardo Hernández.
La estafa tenía su primer eslabón en un empleado de la obra social que era el encargado de facilitar los datos de los afiliados. El padre de este implicado, un contador, organizaba la información.
Una mujer era quien aportaba los datos desde ANSES, también adulteraba las firmas y los sellos de los médicos. También fue identificado un abogado que actuaba como nexo con dos farmacias y dos vendedores.
Valcarcel indicó que la investigación comenzó en 2013 por la denuncia de Hernández ya que se detectaron faltantes en los recetarios, al tiempo que varios médicos habían dado aviso del robo de sus sellos.
Diario UNO publicó oportunamente que la pesquisa, en la que intervino el fiscal federal mendocino Fernando Alcaraz y la UFI PAMI, a cargo de Javier Arzubi Calvo, se originó cuando al propietario de una cadena de farmacias mendocina le llamó la atención que una misma persona retiraba medicamentos con datos de distintos afiliados.
A los investigadores les sorprendió el incremento patrimonial de los imputados. «El estilo de vida de Godoy y su esposa no se condice con los ingresos de un empleado estatal, que rondaría los $20.000. Una casona en un country, autos de alta gama, motos importadas de cilindrada compradas al contado y adquisición de farmacias dan cuenta de un crecimiento económico descomunal que se logró con la maniobra investigada», explicaron fuentes cercanas a la investigación.
Las dos farmacias de la familia ahora procesada con preventiva también tuvieron un salto en la facturación. Los acusados serán embargados por $4 millones. En setiembre, en 13 allanamientos fue decomisado más de un millón de pesos y 14 vehículos de alta gama.
Los acusados
Jorge Godoy. Empleado del PAMI desde el 2009. Primero revistó en el área contable y de informes, y luego en el sector de prevención social. Dueño de dos farmacias y una droguería.
Rosmary Lourdes Insua Blangetti de Godoy. Cotitular de las farmacias y de la droguería, empleada de la delegación provincial de ANSES.
José Godoy Torres (contador) y Nélida Resa Brunato. Padres de Jorge Godoy .
Cristian Godoy Resa. Hermano de Jorge.
Carlos Augusto Colombi Miralles. Ex agente del PAMI.
Esteban Genco Olmedo. Ex agente del PAMI y empleado de una de las farmacias de la familia.
Miguel Fabio Acerbi Duje. Titular de una de las farmacias.
Carlos Pallares García. Nexo en Córdoba.