Un Día de la Memoria marcado por el clima de época: confrontación y ruptura de consensos
Las actividades que se realizarán este domingo estarán cruzadas por una posición oficial que busca poner en duda acuerdos democráticos que nacieron con Alfonsín y se consolidaron con Kirchner.
Por David Correa
Por primera vez, desde 1983, los medios públicos no transmitirán los actos por el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia; el Gobierno nacional dará a conocer con un video su propia versión sobre la última dictadura cívico militar, la Casa Rosada no hará actos oficiales por la fecha.
El presidente Javier Milei puso en duda, una vez más, la cifra de 30.000 desaparecidos, en su discurso ante el Congreso de apertura del Período de Sesiones Ordinarias. La Justicia rechazó recursos presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad para cumplir sus condenas en sus casas y recordó que el indulto está prohibido para los represores. Este es clima de época en el que se desarrollarán distintas marchas en todo el país para recordar los horrores de la dictadura y que promete tener una gran caja de resonancia en la Plaza de Mayo.
Frente a este escenario, hubo intentos para que se realizara una sola marcha hacia Plaza de Mayo este domingo 24, como no sucede desde hace 30 años. No pudo ser. El principal escollo fueron los discursos. Los organismos de Derechos Humanos empujaban que se consensue un documento para su lectura, mientras que los espacios de izquierda consideraban que debían leerse dos. No hubo acuerdo. Por eso, al mediodía ingresarán a la plaza las columnas de los organismos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS Capital, entre otros. Alrededor de las 14 se leerá un documento desde un escenario. Después, las agrupaciones de izquierda realizarán su propio un acto, también en la plaza y se calcula que a las 16.30 se leerá su pronunciamiento.
El negacionismo y la posición de la Justicia
Quienes sí aprovecharon la posición negacionista que impulsa el Gobierno nacional fueron algunos condenados por crímenes de lesa humanidad, mayores de 70 años, que interpusieron recursos para cumplir con las penas en sus casas.
Desde diciembre del año pasado han sido rechazados de manera sistemática y la última se produjo esta semana. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgar el beneficio de una prisión domiciliaria a un represor pero, además, denegó también -como se solicitaba- que se convoque a un plenario que podría haber cambiado el criterio sobre la prisión de condenados por delitos de lesa humanidad mayores a 70 años.
Unos días antes, otra cámara -que integran los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci– negó otro pedido de domiciliaria para un represor condenado y frente al rumor de que el Gobierno podría empujar indultos, los magistrados señalaron en su decisión: «Los crímenes de esta laya (lesa humanidad) resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta». De todos modos, de acuerdo al último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre del año pasado, el 77% de los condenados por lesa están bajo arresto domiciliario, el 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales y casi 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que -por estar dentro de un predio con custodia castrense- «la procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario».
En estos últimos días, parte de la vocería informal de la Casa Rosada hizo trascender que este domingo el Gobierno difundirá un video sobre su propia mirada de los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar. Según estas versiones, fue grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y cuenta con varios testimonios, entre ellos, el de María Fernanda, hija del capitán Humberto Viola, quien fue asesinado tras una emboscada de guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Tucumán, el 1 de diciembre de 1974, atentado en el que también murió su hija de tres años.
Se trata de una pieza con la que Milei y Villarruel buscarán confrontar con el histórico consenso democrático de condena al Terrorismo de Estado, que ambos niegan. El Presidente lo dejó en claro durante su reciente exposición ante estudiantes del colegio privado en el que estudió: «Lean las dos partes de la biblioteca y tengan su propia mirada». Lo señaló al referirse a la dictadura militar y agregó que ese período debía ser analizado «con espíritu crítico». Su punto de vista, claro está.
En vísperas de un nuevo 24 de marzo, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que desde los primeros juicios orales y públicos realizados en 2006 en el país, tras la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se han contabilizado 321 sentencias, en las que fueron condenadas 1.176 personas y 183 resultaron absueltas.
Desde el reinicio de estos procesos han fallecido 1.559 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, entre ellos, Jorge Rafael Videla y Antonio Domingo Bussi, razón por la que los organismo de Derechos Humanos y víctimas solicitan a menudo el avance ágil de las causas para evitar la «impunidad biológica» de quienes son investigados. Este Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia no será uno más.