Doce países de la región desconocieron la Constituyente de Venezuela
Doce países de la región, entre ellos la Argentina, condenaron «la ruptura del orden democrático en Venezuela», desconocieron «por su carácter ilegítimo» a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instalada recientemente y manifestaron «pleno respaldo y solidaridad» con la Asamblea Nacional (AN), el parlamento con mayoría opositora.
Los cancilleres afirmaron su voluntad de «continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela», así como «su apoyo a la decisión del Mercosur de suspender» al país caribeño «en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático».
Lo resolvieron los cancilleres de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos hoy en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, en Lima.
Del encuentro participaron también representantes de Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay, pero no suscribieron el documento, que, de todos modos, representó «el sentimiento» de las 17 naciones asistentes, según afirmó el canciller de Perú, Ricardo Luna. Previamente, circuló una versión de declaración que incluía la adhesión de Jamaica, que fue retirada del documento definitivo.
Además, anunciaron que pedirán la postergación de la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) programada para octubre y que no apoyarán ninguna candidatura venezolana en organismos internacionales, a la vez que llamaron a «detener la transferencia de armas a Venezuela».
En la declaración de 16 puntos, los ministros manifestaron también «su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza». Asimismo, declararon «su apoyo y solidaridad» con la destituida fiscal general de la República, la chavista disidente Luisa Ortega Díaz, cuya reposición en el cargo reclamaron a través de «la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» (CIDH).
Los firmantes subrayaron su «seria preocupación» por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por «no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano».
Del mismo modo, indicaron «su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países».
Los cancilleres aclararon que sesionaron y emitieron la declaración «animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia, es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias».