Piden en la ONU llevar el caso de la dictadura nicaraguense a la justicia internacional.
Expertos independientes comisionados por la ONU, recomiendan enviar a la justicia internacional
el caso de la dictadura en Nicaragua, para que san juzgados Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Desde 2018, uno de cada 8 nicaragüenses han huido al extranjero.
Piden en la ONU «investigaciones judiciales» contra Daniel Ortega y Rosario Murillo por
«crímenes de lesa humanidad» en Nicaragua
Un Grupo de 3 expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en 2022, han presentado en Ginebra un segundo informe sobre la represión en Nicaragua
desde el 2018. Destacan pruebas sobre la persecución de la Iglesia Católica, la aniquilación de la
libertad académica, el avasallamiento del derecho a la nacionalidad y a la libre circulación, y el
«exilio masivo» de opositores. El Grupo recomienda el enjuiciamiento del matrimonio presidencial.
«El présidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado
identificados por el Grupo, deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible
responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y analizados en el presente
informe». A su vez «Nicaragua debe responder por su posible responsabilidad estatal», añadieron
los expertos Jan-Michael Simon (presidente), Angela María Buitrago y Ariela Peralta Distefano.
Estos expertos trabajan gratuitamente, no son funcionarios de la ONU, y solo cobran viáticos
para sus misiones. Actúan de acuerdo a su conciencia, en la perspectiva de «un enfoque
centrado en las víctimas». Los guían «principios de independencia, imparcialidad, objetividad,
transparencia, integridad» y «no hacer daño». Aplican el «criterio probatorio de motivos
razonables para creer», un umbral inferior al exigido para establecer la responsabilidad penal», no
obstante «suficiente para justificar el inicio de investigaciones penales».
En esta ocasión constataron «una perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de
cualquier disidente en el país, con una centralización de poderes del Estado en manos del
presidente y de la vicepresidenta, particularmente en lo que se refiere al poder judicial. Esto se ha
traducido en una total impunidad, que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio de
Nicaragua». Corroboraron «torturas, y tratos o penas crueles inhumanas o degradantes».
«Desde el 2018, la Iglesia Católica ha sido cada vez más reprimida. Las autoridades comenzaron
a calificar a los sacerdotes de «golpistas», «terroristas», o «agentes del diablo». Liderados por el
presidente y la vicepresidenta, los discursos de odio han sido difundidos por los medios de
comunicación afines al Gobierno, incitando a la violencia y la discriminación en contra de la
Iglesia Católica». Monseñor Rolando Alvarez Lagos fue detenido 43 días en la cárcel «Modelo»,
sección «El Infiernillo»». Despojado de su nacionalidad nicaragüense, Alvarez Lagos fue «luego
expulsado al Vaticano el 13 de enero de 2024, junto con otros 18 clérigos», detalla el informe.
«A partir de 2022, se negó la entrada a Nicaragua de decenas de sacerdotes, frailes y
seminaristas católicos nicaragüenses». Desde febrero «de 2023 decenas de religiosos y laicos
católicos fueron expulsados del país y privados arbitrariamente de su nacionalidad. A un obispo
nicaragüense se le prohibió salir del país y se le confiscó el pasaporte. Decenas de clérigos se
han visto obligados» a irse de Nicaragua «por el acoso, las amenazas de muerte y las agresiones
sufridas o por motivos fundados de temer una detención arbitraria», consigna el informe.
«El contexto de persecución generalizada fue acompañado por una mayor consolidación de la
concentración y centralización de todos los poderes del Estado en manos del presidente y la
vicepresidenta. Eso ha llevado en particular, al control del poder judicial. En octubre de 2023, la
presidenta de la Corte Suprema de Justicia fue destituida y puesta bajo arresto domiciliario de
facto, presuntamente por orden de la vicepresidenta», constataron los expertos.
Al tiempo fueron relevados otros altos magistrados, identificados por el Grupo. Tales cesantías en
cadena »tenían como objetivo acabar con aquellos que no eran considerados completamente
leales al Gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y agrupar el control en manos de
unos pocos que gozaban de la confianza plena de la vicepresidenta. Estas acciones»,
paralelamente «buscaban intimidar al resto del poder judicial».
«El Grupo profundizó su investigación sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos
contra estudiantes universitarios, docentes y autoridades académicas, y el asalto a la autonomía
universitaria en su conjunto, que fueron determinantes en el desmantelamiento de la universidad
como espacio para las voces críticas organizadas de estudiantes y académicos», … sufriendo
«hostigamientos y amenazas de las autoridades y grupos no estatales alineados con el Gobierno,
y se le ha negado acceso a sus expedientes académicos», impidiéndoles continuar sus estudios.
«Muchos estudiantes, especialmente sus líderes han sido detenidos arbitrariamente y procesados
sobre la base de acusaciones falsas o fabricadas y sin el debido proceso. Varios de ellos fueron
sometidos a actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Siete
dirigentes estudiantiles formaban parte del grupo de 222 víctimas expulsadas arbitrariamente del
país, y privadas de su nacionalidad en febrero de 2023. Dos de ellos habían participado en los
diálogos nacionales de 2018 y 2019», recuerda el informe.
«El Grupo también estableció que la vicepresidenta envía ordenes a la presidenta del Consejo
Nacional de Universidades en relación con las políticas universitarias y el control y la represión
contra estudiantes, el profesorado y el personal universitario que son opositoras al Gobierno, o
percibidas como tales», toda vez que, en total, entrevistaron a 642 «víctimas, testigos, y otras
fuentes de información, tanto a distancia como durante 8 visitas al terreno, examinando cientos
de fuentes secundarias para corroborar y contextualizar la información recopilada», con la
debida anonimización de las mismas para evitar represalias, «contra ellas y sus familiares».
«El sector universitario nicaragüense ya no cuenta con instituciones autónomas. Las autoridades
suprimieron todo movimiento organizado y toda voz crítica estudiantil y académica». El Gobierno
a su vez «reprimió toda voz crítica del movimiento campesino organizado, y está cerca de acabar
de forma permanente con las voces criticas organizadas de los pueblos indígenas,
afrodesendientes, de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas, que son percibidas como
tales», atacando preferentemente a los lideres.
«El Presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo tienen el control sobre todos los demás poderes
e instituciones del Estado. Dan ordenes e instrucciones -directamente o a través de asesores de
confianza- a las diferentes instituciones que tienen que llevar a cabo actos represivos contra
personas opositoras o percibidas como tales y sus familiares. La estructura política del Frente
Sandinista de Liberación Nacional, especialmente sus secretarios políticos, así como los servicios
de inteligencia del Estado, han sido instrumentales en el ejercicio de este control», informa el
Grupo.
Los expertos estimaron que «la toma de facto del poder judicial por el ejecutivo» asimismo
«demuestra la estrategia del presidente y de la vicepresidenta para asegurar el control a
cualquier precio. Esto no solo viola flagrantemente el principio de independencia del poder
judicial, sino que ademas socava aún más las condiciones necesarias para la celebración de
juicios imparciales y el acceso a la justicia, afectando así a toda la población», subraya el informe.
La «expulsión de nacionales y extranjeros, la privación de la nacionalidad, la prohibición de entrar
o salir del propio país y las violaciones de los derechos humanos de los familiares de los mismos,
quienes sufren «la confiscación de propiedades, la cancelación de pensiones, y la denegación o
confiscación de pasaportes», constituyen «violaciones graves y sistemáticas de los derechos a la
libertad de circulación y a una nacionalidad, instrumentos para perseguir y silenciar» opositores.
En 2023, el Grupo «documentó 21 expulsiones de extranjeros y 263 de nicaragüenses … sin
garantías al debido proceso», todas consideradas por Managua como «traidoras a la patria».
Expuso que «al menos 317» otros opositores fueron privados de su nacionalidad, postrándolos en
situación de «apátridas», quienes no tuvieron la posibilidad de interponer «ningún recurso
efectivo», dejándolos «en una condición de extrema vulnerabilidad».
Se suman «145 casos de nacionales nicaragüenses a los que se les prohibió su entrada al país»,
vulnerando así «el derecho a la libertad de circulación y a la libre elección de una residencia»,
siendo «víctimas separadas de sus familias, sin acceso a redes de apoyo y recursos
económicos». Estos hechos los exponen «a graves violaciones adicionales, injerencias arbitrarias
e ilegales en la vida familiar, a la educación, al trabajo, a la atención sanitaria, a la seguridad
social y a condiciónese de vida adecuada», afectando a sus familiares que continuan viviendo en
Nicaragua, «especialmente los ancianos y los niños», dependientes de sus parientes que no
pueden retornar a sus hogares.
En definitiva, «la toma de facto del poder judicial por el ejecutivo, demuestra la estrategia del
presidente y la vicepresidenta para asegurar el control total a cualquier precio. Esto no solo viola
flagrantemente el principio de independencia del poder judicial, sino que ademas socava aún
más las condiciones necesarias para la celebración de juicios imparciales y el acceso a la justicia,
afectando así a toda la población», concluye el Grupo.
En semejante perspectiva, los expertos confirmaron «la existencia de una denominada «granja de
troles» que se extiende a diversas personas opositoras o percibidas como tales y para acosarlas
en linea». La granja se gestiona desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia; y las
«pruebas producidas son utilizadas posteriormente por el Ministerio Público para respaldar
acusaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales», reitera el informe.
Los expertos transcriben finalmente datos difundidos por «el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ha «identificado que entre 2018 y junio del 2023, 935.065
personas» abandonaron Nicaragua; «entre ellas 874.641 eran solicitantes de asilo y 60.424 habían
obtenido el estatuto de refugiado. Calificaron la situación imperante» en el país, «como de
violaciones masivas de los derechos humanos o, alternativamente, como una situación cuyas
circunstancias perturban gravemente el orden público». Establecen que desde 2018, «uno de
cada ocho nicaragüenses han huido al extranjero».
Desde Ginebra, Juan Gasparini
